LD (Víctor Gago) No es la primera vez que El País revela fragmentos de la historia secreta de la negociación con ETA después del asesinato de Carlos Palate y Diego Estacio. Recuérdese el prolijo informe de L.R. Aizpeolea sobre ese Plan B activado por Rodríguez Zapatero mientras besaba compungido a los familiares de los dos obreros ecuatorianos o comparecía en televisión con la mueca apretada para anunciar que su "proceso de paz" estaba roto –sólo un día después, por cierto, de que le augurase un horizonte radiante en su alegre profecía del 29 de diciembre–. Si hoy se sabe que Zapatero no sólo no rompió el "proceso" sino que lo volvió compulsivo y lo degradó hasta trapichear en secreto con las condiciones de las mismísimas Elecciones del pasado 27 de mayo –¿No bastarían estos indicios, en una democracia digna de tal nombre, para cotejarlos con las actas y saber, así, si las elecciones fueron limpias o se amañaron las condiciones por el Gobierno y una banda de terroristas, y hay que repetirlas?–, no es sólo por las filtraciones de ETA a Gara o de Jon Josu Imaz a quien le quiera escuchar, sino, sobre todo, por las detonaciones controladas de los amanuenses favoritos del Gobierno. Lo bordan con hilos de nácar –que si era sólo una "toma de temperatura"; que si el Gobierno se mostró inflexible y por eso ETA ha roto la tregua,...– pero lo que asoma no deja de ser un apestoso sudario o una sudadera infecta.
Ahora El País revela, nada menos, que había una línea caliente del Ministerio de Rubalcaba al Ministerio de Sarko para no entretener a los terroristas en controles de alcoholemia, no fueran a llegar tarde a sus reuniones en Ginebra con Eguiguren y otros emisarios de Rodríguez Zapatero. Para ser justos, el scoop no es de El País, sino del semanario francés L'Express.
Al final, Rajoy va a tener razón: todo el mundo conoce las miserias de la negociación, excepto la Opinión Pública española.
Desde el verano de 2006, funcionaba un teléfono rojo –en realidad móvil con tarjeta pre-pago, y de color negro negrísimo– para facilitar salvoconductos a los etarras protegidos del Gobierno de Rodríguez Zapatero, a su paso por Francia. El teléfono vibró por primera vez en el bolsillo de algún preboste del Ministerio francés del Interior el pasado 29 de marzo, después de que dos etarras, Jon Iurrebaso y Kepa Suárez, hubieran sido detenidos en un control de carreteras en Perigueux.
Alguien que hablaba en nombre de Rubalcaba –¿Quién? Ya saben: queremos saber la verdad, merecemos un Gobierno... y todo ese rollo– pidió una discreta liberación para que Iurrebaso y Suárez pudiesen llegar a tiempo a la reunión con los enviados de Zapatero, fijada para el día siguiente en Suiza.
Estos "hombres de paz" iban armados. Con ETA, el lenguaje nunca es metafórico. Cuando se dice que ponen las pistolas sobre la mesa de negociación, la imagen es rigurosamente descriptiva. Cuestión de comodidad. Se negocia mucho más a gusto sin un bulto en el cinturón.
Sigamos con el relato de lo que El País esconde en el penúltimo párrafo del informe de Ekáizer y Romero, bajo una maraña de trámites judiciales. Hay que ver lo que le gusta la burocracia a los burócratas. ¿Qué se puede esperar de un periodista que llama a sus columnas "Las notas de Ernesto Ekaizer" o algo por el estilo?. Pues eso, gusto por el papeleo.
Por supuesto, Francia dijo que nanay de la China a lo de poner de patitas en la calle a dos tipos que habían intentado saltarse el control del departamento de Aduanas, pisando el acelerador del Peugeot con matrícula falsa que conducían.
Ni que Francia fuera la España de Zapatero –debieron pensar en la Prefecturía francesa–, donde Otegi llega en helicóptero a la Audiencia Nacional y sale a hombros del fiscal general del Estado y por la puerta grande, o donde los policías llaman a los terroristas para chivarles una operación judicial. Rubalcaba ya podía ir llamando al centro Henri Dunant para que pusiera dos cubiertos menos en la mesa de la reunión del día siguiente, tres meses después de los asesinatos de Estacio y Palate, y a dos meses de que ETA volviese a las instituciones gracias a la Fiscalía.
En Francia, debieron transmitir desde París a sus colegas de Madrid, el Gobierno no puede llamar a un juez –ni siquiera a Laurence Le Vert, la amiga del clan de Rafael Vera– para pedirle semejante barbaridad. "Entendednos: esto es una línea telefónica de emergencias para favores realistas, no la Oficina Económica de La Moncloa", pudieron perfectamente haber dejado claro, antes de que a su corresponsal español se le agotase el saldo de la tarjeta pre-pago.
Lo espeluznante no es tanto lo que El País cuenta este lunes entre líneas –un Gobierno interesándose por la puesta en libertad de terroristas para que éstos pudieran llegar a tiempo a una reunión con emisarios del presidente, tres meses después del asesinato de dos personas y de que ese presidente prometiese no volver a dialogar con terroristas–, como el hecho de que el diario del Gobierno lo cuenta para tapar revelaciones más graves que otros conocedores de los sucios secretos del "proceso de paz" puedan llegar a documentar.
¿Y todavía hay quien se escandaliza de que el PP exija las actas?