(Libertad Digital) Las conclusiones definitivas de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid fueron aprobadas este lunes por la mañana por la propia Comisión, pero, por la tarde, en el Pleno, fueron rechazadas con los votos del PSOE, Izquierda Unida y los correspondientes a los diputados díscolos , Eduardo Tamayo y Maite Sáez. El Partido Popular apoyó el dictamen, pero sus 55 escaños no fueron suficientes, frente a los 56 de PSOE, IU y Grupo Mixto, para aprobar el documento definitivo, por lo que, finalmente, y tras un mes de trabajo de la Comisión de Investigación, legalmente no existen conclusiones definitivas y sólo cabe constatar que tanto esfuerzo ha sido en vano.
Horas antes de que se celebrara el Pleno, la Mesa de la Asamblea de Madrid acordó que el diputado Eduardo Tamayo pudiera intervenir en el debate de conclusiones y, por tanto, que tanto él como Maite Sáez pudieran emitir su voto. Fue el Partido Popular el que apoyó que Tamayo y Sáez pudieran votar, ya que el PSOE e Izquierda Unida votaron en contra de permitírselo. Este detalle, según fuentes populares, "demuestra la catadura" de los socialistas y de Izquierda Unida, que querían impedir a Tamayo y Sáez "su legítimo derecho a votar", al mantener la posesión de sus respectivas actas de diputados. Esta decisión del PP, finalmente, se ha vuelto en su contra, "pero no podíamos oponernos a que estos dos señores votaran en un Pleno", dijeron las mismas fuentes.
Conclusión: No hubo "trama"
A pesar de ser rechazado, el dictamen sigue siendo ilustrativo para conocer el origen de la crisis de Madrid, ya que sí fue aprobado por la propia Comisión de Investigación. El documento, al que tuvo acceso en exclusiva Libertad Digital , considera “acreditado que no ha habido, ni directa ni indirectamente, ninguna clase de ofrecimiento, promesa, pago o dádiva antes o después de la ausencia de los dos diputados socialistas (Eduardo Tamayo y Maite Sáez) del Pleno del 10 de junio, por parte de los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid”. El documento dice con rotundidad que “no hay, por tanto, delito de cohecho ni conspiración o trama alguna”.
En las conclusiones definitivas también se destaca que “la falsa trama inventada por el PSOE para eludir su responsabilidad política se sustenta esencialmente en un conjunto de llamadas obtenidas de forma ilícita que, además, no se encuentran interconectadas entre sí”. Con respecto a obtención y filtración de listados telefónicos a los medios de comunicación, las conclusiones destacan que, tanto el PP como el PSOE han sido víctimas de “espionaje telefónico” , aunque su respuesta ha sido muy diferente: mientras el PP “se ha personado en la querella que Telefónica Móviles tiene presentada contra los empleados despedidos de la compañía”, el PSOE, “no lo ha condenado, ni ha iniciado acción alguna en su propia defensa”. Esta actitud del PSOE resulta más que llamativa, sobre todo porque, como dice el documento de conclusiones, este partido utilizó “de modo ilegítimo e ilegal” las llamadas telefónicas.
Las verdaderas razones de Tamayo y Sáez
Para el Grupo Popular en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, “la ausencia de los dos diputados socialistas estuvo motivada por el incumplimiento de los acuerdos que se alcanzaron entre el Secretario general del PSOE, el Sr. Rodríguez Zapatero, y los representantes de la corriente de Renovadores de la base, el 12 de marzo de 2002”. El documento dice también que “el origen de la crisis que atraviesa actualmente la Comunidad de Madrid se encuentra (...) en el grave incumplimiento del secretario general de la FSM-PSOE, D. Rafael Simancas, de los compromisos adquiridos con la corriente Renovadores de la base, en relación con las listas electorales. Este incumplimiento –continúa– había generado un significativo descontento entre los miembros de la mencionada corriente”, que se avivó con “la existencia de un pacto de gobierno con IU para la Comunidad de Madrid”, lo que motivó, según el documento, la espantada de Tamayo y Sáez.
El dictamen de conclusiones, finalmente no aprobado, tampoco se olvida de las guerras internas en el seno de la Federación Socialista Madrileña. Así, destaca que la crisis también se originó por “la existencia de intereses político inmobiliarios contrapuestos dentro de la Federación Socialista Madrileña”. Concretamente se refiere a los intereses representados por Rafael Simancas, su mano derecha, Ruth Porta, y el marido de ésta, Enrique Benedicto Mamblona, frente a los de José Luis Balbás, líder de los Renovadores de la base, y Eduardo Tamayo. Con respecto a Ruth Porta y a su marido, Enrique Benedicto Mamblona, las conclusiones destacan que “es especialmente reprobable” su “conducta” ante la Comisión, “cuyos silencios pretendían ocultar su participación en la crisis de la FSM”.
Horas antes de que se celebrara el Pleno, la Mesa de la Asamblea de Madrid acordó que el diputado Eduardo Tamayo pudiera intervenir en el debate de conclusiones y, por tanto, que tanto él como Maite Sáez pudieran emitir su voto. Fue el Partido Popular el que apoyó que Tamayo y Sáez pudieran votar, ya que el PSOE e Izquierda Unida votaron en contra de permitírselo. Este detalle, según fuentes populares, "demuestra la catadura" de los socialistas y de Izquierda Unida, que querían impedir a Tamayo y Sáez "su legítimo derecho a votar", al mantener la posesión de sus respectivas actas de diputados. Esta decisión del PP, finalmente, se ha vuelto en su contra, "pero no podíamos oponernos a que estos dos señores votaran en un Pleno", dijeron las mismas fuentes.
Conclusión: No hubo "trama"
A pesar de ser rechazado, el dictamen sigue siendo ilustrativo para conocer el origen de la crisis de Madrid, ya que sí fue aprobado por la propia Comisión de Investigación. El documento, al que tuvo acceso en exclusiva Libertad Digital , considera “acreditado que no ha habido, ni directa ni indirectamente, ninguna clase de ofrecimiento, promesa, pago o dádiva antes o después de la ausencia de los dos diputados socialistas (Eduardo Tamayo y Maite Sáez) del Pleno del 10 de junio, por parte de los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid”. El documento dice con rotundidad que “no hay, por tanto, delito de cohecho ni conspiración o trama alguna”.
En las conclusiones definitivas también se destaca que “la falsa trama inventada por el PSOE para eludir su responsabilidad política se sustenta esencialmente en un conjunto de llamadas obtenidas de forma ilícita que, además, no se encuentran interconectadas entre sí”. Con respecto a obtención y filtración de listados telefónicos a los medios de comunicación, las conclusiones destacan que, tanto el PP como el PSOE han sido víctimas de “espionaje telefónico” , aunque su respuesta ha sido muy diferente: mientras el PP “se ha personado en la querella que Telefónica Móviles tiene presentada contra los empleados despedidos de la compañía”, el PSOE, “no lo ha condenado, ni ha iniciado acción alguna en su propia defensa”. Esta actitud del PSOE resulta más que llamativa, sobre todo porque, como dice el documento de conclusiones, este partido utilizó “de modo ilegítimo e ilegal” las llamadas telefónicas.
Las verdaderas razones de Tamayo y Sáez
Para el Grupo Popular en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, “la ausencia de los dos diputados socialistas estuvo motivada por el incumplimiento de los acuerdos que se alcanzaron entre el Secretario general del PSOE, el Sr. Rodríguez Zapatero, y los representantes de la corriente de Renovadores de la base, el 12 de marzo de 2002”. El documento dice también que “el origen de la crisis que atraviesa actualmente la Comunidad de Madrid se encuentra (...) en el grave incumplimiento del secretario general de la FSM-PSOE, D. Rafael Simancas, de los compromisos adquiridos con la corriente Renovadores de la base, en relación con las listas electorales. Este incumplimiento –continúa– había generado un significativo descontento entre los miembros de la mencionada corriente”, que se avivó con “la existencia de un pacto de gobierno con IU para la Comunidad de Madrid”, lo que motivó, según el documento, la espantada de Tamayo y Sáez.
El dictamen de conclusiones, finalmente no aprobado, tampoco se olvida de las guerras internas en el seno de la Federación Socialista Madrileña. Así, destaca que la crisis también se originó por “la existencia de intereses político inmobiliarios contrapuestos dentro de la Federación Socialista Madrileña”. Concretamente se refiere a los intereses representados por Rafael Simancas, su mano derecha, Ruth Porta, y el marido de ésta, Enrique Benedicto Mamblona, frente a los de José Luis Balbás, líder de los Renovadores de la base, y Eduardo Tamayo. Con respecto a Ruth Porta y a su marido, Enrique Benedicto Mamblona, las conclusiones destacan que “es especialmente reprobable” su “conducta” ante la Comisión, “cuyos silencios pretendían ocultar su participación en la crisis de la FSM”.