LD (Pedro de Tena) Los ex dirigentes socialistas no sólo consiguieron la ayuda económica de la Junta, sino que obtuvieron tres millones más de lo solicitado al Ministerio, ya que el montante pasó de casi siete millones de euros a diez. Lo cuenta este miércoles ABC.
Recio y Solchaga, que son socios en varias empresas y amigos desde su encuentro en el BBV que sentó en su Consejo al militante del PSOE y ex consejero de la Junta de Andalucía, José Aureliano Recio, amigo, a su vez, de Solchaga desde sus tiempos de abogado laboralista en la UGT de Bilbao. Recio había sido fichado por Toledo para el Vizcaya como director general adjunto y ocupó puesto en el consejo de la fusión dentro de la cuota del Vizcaya.
Carlos Solchaga Catalán creó en 1999 el lobby Solchaga & Recio y asociados, cuyos otros dos accionistas son José Aureliano Recio (1) y la esposa de éste, Belén Martínez Fresneda. Uno de sus clientes es Endesa. José Aureliano Recio fue, entre otros cargos, consejero de Economía y Fomento de la Junta de Andalucía, director general adjunto a la presidencia del Banco de Vizcaya (máximo accionista de Sevillana de Electricidad, actual Sevillana_Endesa) y consejero de Sevillana de Electricidad.
Siendo consejero del Banco Bilbao Vizcaya fue llamado a declarar por el juez instructor del caso Filesa (empresa fantasma de la red de financiación ilegal del PSOE) por haber comprado a Filesa supuestos informes para el Banco de Vizcaya por 196 millones de pesetas. José Aureliano Recio declaró que la orden de compra de estos informes provino del presidente del Banco, Pedro Toledo, fallecido tiempo atrás, y, finalmente, no resultó imputado.
Es hermano de Pablo Recio, quien, siendo Consejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, impuso a Sevillana de Electricidad una sanción de 12 millones de pesetas tras concluir su investigación sobre las 29 irregularidades denunciadas por los diputados Juan Carmona Infantes y Jesús Lechuga Gallego, valoradas por éstos en 20.000 millones de pesetas. Solchaga tuvo que declarar en 1994 ante el juez Barbero por el caso Filesa, aunque al final no fue imputado.
Fue el propio presidente del PP-A, Javier Arenas, quien apuntó este martes hacia esa implicación, pero sin dar nombres, cuando se preguntó si actuó de "intermediario" en la operación "algún político que antes se dedicó a la cosa pública desde el PSOE", aseguró.
La concesión de la subvención de 10 millones de euros por parte de la Junta se otorgó en el Consejo de Gobierno del pasado 20 de enero de 2009, cuando Chaves aún no había dejado la Presidencia de la Junta para incorporarse a la Vicepresidencia Tercera del Gobierno. Según señala el PP, Chaves pudo infringir la Ley de Incompatibilidades de la Junta, al firmar un acuerdo del Consejo de Gobierno concediendo una subvención a una empresa en cuyo departamento jurídico trabaja su hija, Paula Chaves Iborra.
En concreto, la Ley de Incompatibilidades de la Junta obliga a inhibirse a los altos cargos en cualquier asunto en el que hubiera intervenido o que interesara a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiese tenido alguna parte cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil.
Añade ABC que "Paula Chaves Iborra, según documentación del Registro Mercantil de Huelva que obra en poder de los populares, es apoderada de la empresa MATSA, dentro del departamento jurídico, desde el pasado 12 de noviembre de 2008.
Este extremo lo confirmó este martes la propia empresa Minas de Aguas Teñidas en un comunicado, donde, además de negar indirectamente cualquier trato de favor de la Junta, se afirma que Paula Chaves Iborra es "empleada de MATSA desde julio de 2007", en concreto, "responsable del departamento jurídico, ostentando facultades de representación de la Compañía".
Entre las funciones del departamento jurídico donde trabaja la hija del ex presidente de la Junta están, según esta empresa, "la gestión de contratos, el asesoramiento legal interno de todas las áreas, la gestión y tramitación de incentivos y ayudas y la representación de la sociedad ante cualquier notaría, registro o administración pública".
Por todas estas razones, entiende el PP, debería haberse abstenido Chaves de firmar la subvención de 10 millones de euros que concedió la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para esta sociedad, máxime, cuando en el expediente que reclamaba esta ayuda, como señalan fuentes populares, figuraba el nombre de la hija del ex presidente.