L D (EFE) En declaraciones a los medios antes de participar en la reunión del Eurogrupo (ministros de Finanzas de los países del euro), Solbes se mostró satisfecho por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Convergencia i Unió y consideró que "el resultante final es bueno". El vicepresidente avanzó que convocará a finales de mes al Consejo de Política Fiscal y Financiera -en el que están representados el Gobierno y todas las comunidades- para un primer debate sobre el Estatuto y sobre su compatibilidad con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que tendrá que ser modificada.
La nueva norma, explicó, afectará a todas las comunidades y, "evidentemente, los elementos de participación en los recursos del Estado tienen que tener un tratamiento equivalente" en todas ellas. Defendió el aumento de la participación de Cataluña en los ingresos tributarios -hasta el 50 por ciento en el IRPF, el 50 por ciento en el IVA y el 58 por ciento en impuestos especiales-, porque cada vez se cede a las comunidades más competencias y es razonable, consideró, que dispongan de más recursos.
Además, precisó, "estamos hablando de una aportación adicional perfectamente asumible, en la medida en que está compensada por un Fondo de Suficiencia". Apuntó, en ese sentido, que "tendremos que debatir" sobre el sistema de nivelación y solidaridad derivado del nuevo reparto de los ingresos.
En cuanto a la creación de una Agencia Tributaria en Cataluña consorciada con el Estado y que convivirá con la actual, Solbes explicó que es un avance en la tesis de mayor corresponsabilidad fiscal, con espacios fiscales separados pero marcados por la cooperación. El vicepresidente rechazó hacer un cálculo de los recursos adicionales que obtendrá Cataluña con el nuevo modelo, porque "no es el tema fundamental" y porque dependerá de la evolución de los ingresos y del nuevo sistema de nivelación que se acuerde.
Solbes dijo que está dispuesto a acudir al Parlamento a explicar los términos financieros del acuerdo sobre el Estatuto y aseguró, por último, que ERC, que todavía no ha dado su apoyo al texto, "ha sido y espero que siga siendo un socio magnífico" del Gobierno.
El secretario ejecutivo de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, anunció por la mañana que exigirá a Solbes, la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que el Gobierno explique "con luz y taquígrafos" las "concesiones" financieras y los "elementos de blindaje y bilateralidad" vinculados a la negociación del Estatuto de Cataluña.
La nueva norma, explicó, afectará a todas las comunidades y, "evidentemente, los elementos de participación en los recursos del Estado tienen que tener un tratamiento equivalente" en todas ellas. Defendió el aumento de la participación de Cataluña en los ingresos tributarios -hasta el 50 por ciento en el IRPF, el 50 por ciento en el IVA y el 58 por ciento en impuestos especiales-, porque cada vez se cede a las comunidades más competencias y es razonable, consideró, que dispongan de más recursos.
Además, precisó, "estamos hablando de una aportación adicional perfectamente asumible, en la medida en que está compensada por un Fondo de Suficiencia". Apuntó, en ese sentido, que "tendremos que debatir" sobre el sistema de nivelación y solidaridad derivado del nuevo reparto de los ingresos.
En cuanto a la creación de una Agencia Tributaria en Cataluña consorciada con el Estado y que convivirá con la actual, Solbes explicó que es un avance en la tesis de mayor corresponsabilidad fiscal, con espacios fiscales separados pero marcados por la cooperación. El vicepresidente rechazó hacer un cálculo de los recursos adicionales que obtendrá Cataluña con el nuevo modelo, porque "no es el tema fundamental" y porque dependerá de la evolución de los ingresos y del nuevo sistema de nivelación que se acuerde.
Solbes dijo que está dispuesto a acudir al Parlamento a explicar los términos financieros del acuerdo sobre el Estatuto y aseguró, por último, que ERC, que todavía no ha dado su apoyo al texto, "ha sido y espero que siga siendo un socio magnífico" del Gobierno.
El PP pide "luz y taquígrafos"
Arias Cañete ratificó el "asombro del PP ante una negociación absolutamente opaca y falta de transparencia" y que, a su juicio, "rompe el consenso constitucional", al tiempo que recalcó que se ha realizado "de tapadillo, con nocturnidad y entre el presidente del Gobierno y un simple parlamentario autonómico" de la oposición.
El popular defendió que el sistema de financiación de las comunidades autónomas se debe "articular con carácter multilateral y en pie de igualdad" entre todas las comunidades autónomas y, para ello, instó a "reconducir el debate al seno del CPFF". Dijo que en estos momentos "está en juego la cohesión económica y social en España" por un modelo de Estatuto de Autonomía que, dijo, "quiere imponerse a las demás comunidades".
Lo que el PP quiere saber es "cuáles son las concesiones que se han hecho a Cataluña, los elementos de blindaje y de bilateralidad que se han introducido" y que justifique cómo se "cuadra" todo ello "con un sistema que tiene que ser multilateral y garantizar la igualdad a todos los territorios y la solidaridad".
Señaló que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "o desconoce, o se ha olvidado o ha vulnerado" el artículo 138 de la Constitución Española, que garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, al llegar a un acuerdo que calificó de "clandestino" y que supone, dijo, "blindajes y articulaciones de bilateralidad que rompen la igualdad entre las comunidades autónomas".
También indicó que con el actual acuerdo, Cataluña "va a tener recursos excedentarios" y el problema, dijo, "es si esos recursos van a financiar la solidaridad con las comunidades menos desarrolladas o si van a existir blindajes que van a hacer que esos recursos queden en el territorio catalán creando una sobrefinanciación", por lo que defendió que no se trata de un "debate de porcentajes" sobre cesión de impuestos "sino de cómo se garantiza la solidaridad".
Señaló que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha "impulsado un Estatuto que vulnera" la carta magna, "es el único responsable de este desaguisado", al tiempo que manifestó que es "sumamente preocupante que estemos localizando la inversión pública en territorios con garantías permanentes hasta el año 2013 y que pueden tener menos necesidades" y señaló que supone un "sistema absolutamente de mercadeo".