Sindicatos policiales ponen en duda la imparcialidad del juez del caso Bono y le exigen que no dicte una "sentencia política"

(Libertad Digital) Cuatro de los cinco sindicatos que tienen representación en el Consejo de la Policía emitieron este viernes un comunicado conjunto de apoyo a los tres agentes que han sido juzgados por el caso Bono, visto ya para sentencia, al tiempo que expresaron su confianza en que no se producirá una "sentencia política".

 

Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario, Unión Federal de Policía (UFP), Sindicato Profesional de Policía (SPP) y Sindicato de Comisarios (SC), que suman diez de los doce vocales, suscriben la nota en la que no ha querido participar el segundo en representación, la Confederación Española de Policía (CEP). El CEP, en una nota aparte, ha dejado claro que desea "lo mejor" para los funcionarios acusados, pero que está "convencido de que la sentencia, sea cual sea, no será politizada pues confiamos en la independencia de los Jueces" y recuerdan que otros también policías fueron depurados por negarse a detener a los militantes del PP porque " no existían indicios suficientes para efectuar ninguna detención".

 

Los cuatro sindicatos firmantes del manifiesto de apoyo a los acusados muestran su "absoluta confianza en la profesionalidad de los encausados y en su actuación", que consideran "ajustada a lo preceptuado tanto en el Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en los principios básicos de actuación de la ley orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Al parecer, estos sindicatos no han escuchado los testimonios de sus compañeros, que han declarado que hubo falsificación en los atestados porque, según el inspector encausado "si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona".

 

Esta confianza que tienen en los acusados no la tienen en el juez, y por ello esperan que no se producirá una "sentencia política, dado que el Fiscal no encuentra delito alguno". Cierto, inexplicablemente, la fiscalía no considera delito que se alteren declaraciones, que se retire de la investigación a los policías que se negaron a acatar órdenes ilegales, que se falsifiquen atestados. La Confederación Española de Policía recuerda que "el Ministerio Público está sujeto a jerarquía y el Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno de la Nación".

 

"Esperamos que frente al juicio paralelo seguido estos días en algunos medios, sean valoradas de manera inequívoca las pruebas y circunstancias de este caso", añade la nota.  El juicio paralelo en los medios de comunicación ha sido hacer públicas las declaraciones de policías compañeros de los firmantes.