LD (Víctor Gago) Lo único cierto del llamado caso Bono es que hubo detención sin delito.
Se persiguió a dos personas, se filtró desde una Policía al servicio del Gobierno su vida privada, su domicilio, sus familias, su filiación política en el PP, digna de toda sospecha,... todo por un "atentado" –así lo llamó el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso– que nunca existió.
Lo que ni el Tribunal Supremo ni ningún otro pueden cambiar –diga lo que diga la sentencia cuyo fallo ha sido anunciado este viernes– es el hecho de que primero se fabricó a dos culpables, y a continuación se inventó el delito, al modo en que opera el sistema penal de la Reina en Alicia en el País de las Pesadillas: primero la condena, luego la sentencia y, finalmente, el juicio. Toda una premonición de la doctrina de Justicia elástica: "a tiempos nuevos, decisiones cambiantes", apenas perfeccionada por el Fiscal del Estado y el Ministro de Justicia en sus sólidas raíces chequistas.
La detención de Isidoro Barrios y Antonia de La Cruz, un jubilado y una ama de casa de Majadahonda (Madrid) que se conocen de las reuniones en la sede local del PP, se produjo el 25 de enero de 2005 a partir de un hecho que nunca existió: la agresión al entonces ministro de Defensa durante una manifestación de las víctimas de ETA a la que José Bono había acudido con la mal disimulada intención de provocar tanto a los manifestantes –que protestaban por el camino de diálogo con los terroristas emprendido por el Gobierno– como al presidente del Gobierno y rival personal de Bono en la carrera por el liderazgo del PSOE.
El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid archivó inmediatamente la compungida denuncia de Bono. No hubo una sola evidencia de agresión, seguramente porque, como reconocieron los escoltas del ex ministro, no existió tal agresión.
Al Gobierno, los hechos de este caso le trajeron siempre al fresco. Luego, con el tiempo y ante otros escándalos, se ha visto que es la marca de la casa. La máquina de mentir no se detiene por la minucia de las evidencias.
La vicepresidenta Fernández de La Vega, apenas conocido el fallo del Supremo que revoca la condena a los policías del Gobierno que detuvieron a Isidoro y Antonia, se ha lanzado en plancha a rematar: "el tiempo y los tribunales ponen a cada uno en su sitio", ha dicho este viernes.
Y eso que el Gobierno "nunca comenta las resoluciones judiciales"...
Una vez se haga pública la sentencia, será interesante comprobar cómo el Supremo pasa por alto el hecho de que no hubo agresión y sí detenidos, no por error o negligencia, sino simplemente porque, como dijo el comisario Rodolfo Ruiz, uno de los policías ahora absueltos, "si el ministro dice que le pegaron, es que le pegaron".
A esa lógica siniestra se reduce el caso Bono, todo un emblema de la noción del estado de Derecho para el poder socialista. Si el Gobierno lo dice, no hay más que hablar: se les detiene, y punto.
Según la sentencia de la Audiencia Provincial, ahora revocada por el Supremo, se manipularon atestados para fabricar la culpabilidad de los dos afiliados del PP, se expulsó del caso a agentes de policía que no estaban dispuestos a firmar informes falsos o a detener sin fundamento, se cambió el testimonio de los escoltas hasta que declararon lo que convenía a la incriminación de Antonia e Isidoro, a los que se les imputó por agresiones y se les puso a merced de una Fiscalía que se ensañó con tanta energía como luego se ha volcado en defender a los policías de las víctimas a las que persiguieron.
A partir de la mentira de Bono, la maquinaria del Gobierno echó a rodar una apisonadora de mentiras para culpar a las víctimas del terrorismo y, de paso, al PP, de buscar la crispación y de salirse del sistema.
Ésa, y no otra, ha sido la verdad del llamado caso Bono, apenas una muestra de la verdad del mucho más sórdido caso Zapatero que impregna toda la vida nacional, de tres años para acá.
Será de lo más ilustrativo descubrir con qué argumentos ampara el Tribunal Supremo detenciones sin delitos y cargos sin pruebas.
Si no hubo agresión, ¿cómo es que hay héroes policiales? Si se detuvo a personas inocentes de lo que nunca existió, ¿cómo es que no hay víctimas?
Ninguna sentencia cambia los hechos y ninguna jurisprudencia los hace olvidar. El Tribunal Supremo debería haberlo entendido después de su controvertida resolución declarando ilegal a la mitad de ANV y desentendiéndose de la otra mitad. Los hechos nunca son a medias.