(Libertad Digital) El magistrado Enrique Bacigalupo Zapater pensó que la corazonada de Juan Luis Cebrián sobre la intención de prevaricación sería un losa eterna sobre el juez Gómez de Liaño. De inmediato, el argentino hizo de dique en el Tribunal Supremo. Suplantando una competencia que sólo atañe al Gobierno, el juez diseñó la estrategia para modificar los efectos de la medida y evitar el reintegro. Pero Liaño recurrió. Entonces Polanco pidió al Tribunal Supremo que no lo admitiera por “extemporáneo”. Decía, a través de sus conocidos abogados Horacio Oliva y González Cuellar, que se le había pasado la fecha para recurrir.
Los acontecimientos que se sucedieron eran jurídicamente increíbles. Los mismos jueces protagonistas de la condena a Liaño, pretendían cerrar el camino al indulto pese a que la contaminación era más que notoria. Sobre el juez pesaba un muro adoquinado por Enrique Bacigalupo, José Antonio Martín Pallín o Cándido Conde-Pumpido (de la cuerda del biministro Belloch como Carlos Granados). También estaban allí, Perfecto Andrés Ibáñez, Joaquín Jiménez García, Juan Saavedra y Andrés Martínez Arrieta. La abstención debería haber sido la actitud tomada por este equipo de magistrados ya que ninguno de ellos era el más indicado para pronunciarse.
Se llegó al conflicto jurisdiccional, aunque no había tal. El Gobierno siempre mantuvo la tesis de que una medida de gracia se aplica, sin más, tal y como se dicta. Pero Bacigalupo comenzó a articular su tesis con sentencias fantasma que se remontaban al siglo XIX. El abogado del Estado llegó a reconocer que el Pleno de este Tribunal citaba sentencias inexistentes o argumentadas en sentido contrario. El diario “El Mundo” sólo llegó a encontrar la denominación de una sentencia de todas las que se citaban y ni siquiera tenía que ver con la situación que se planteaba.
Al final, el Tribunal de Conflictos resolvió a favor del Gobierno. El juez Liaño, tremendamente desgastado y desengañado de la Justicia a la que representaba, podría volver a ponerse la toga, eso sí, no en la Audiencia Nacional. El entorno mediático judicial del PSOE tuvo que acatar a regañadientes. Sin embargo, el colectivo de jueces autodenominados progresistas persistieron al Supremo, escandalizados por los "antecedentes penales" del juez, es decir, anulando de ipso el indulto.