Según Gara, el Gobierno empezó a negociar con ETA la tregua en junio de 2005 y la acordó en febrero de 2006
Si lo que publica el diario altavoz de ETA, Gara, es cierto, todo lo que nos ha contado el Gobierno sobre lo que llama “proceso de paz” es pura mentira. Dice el diario que “está en condiciones de afirmar” que las conversaciones para la tregua comenzaron en junio de 2005. Ello desembocó en un acuerdo adoptado entre el Ejecutivo y los terroristas en febrero de 2006 por el que ETA se comprometía a no atentar ni abastecerse y el Gobierno a no practicar detenciones, respetar la decisión de los vascos –también respecto a Navarra– y favorecer la actuación de Batasuna. Un mes después la banda anunció el alto el fuego. Sobre las conversaciones anteriores al 14-M, recuerda que José Blanco se limitó a negarlo.
(Libertad Digital) Si la noticia del diario Gara es una mera presión al Gobierno porque algo va mal en su negociación será el propio Gobierno quien deba demostrarlo con datos. De momento, el relato publicado el domingo por la noche en el altavoz mediático de la banda cambia por completo el mal llamado proceso de paz y lo contrapone radicalmente a lo sucedido en 1998.
Según esta información, que cita diversas fuentes, representantes del Ejecutivo de Zapatero mantuvieron contactos con la banda terrorista en junio del año 2005. Tras ocho meses de negociación se alcanzó un acuerdo en febrero de 2006. Durante todo este tiempo, la banda siguió perpetrando atentados con bombas aunque sin ocasionar muertos.
El diario describe textualmente el acuerdo de la siguiente forma:
- En el citado acuerdo, ETA se compromete concretamente a no realizar acciones contra personas ni bienes, como ha ocurrido y ha sido constatado por el Gobierno español durante lo que éste denominó periodo de «verificación» previo a la comparecencia de su presidente, Rodríguez Zapatero, en el Congreso. Junto a ello, la organización armada aceptó no realizar acciones de abastecimiento de armas ni explosivos a partir de la declaración de alto el fuego permanente. El Ejecutivo español también asumió compromisos en este acuerdo cerrado en febrero, según las fuentes consultadas. En concreto, aceptó que respetaría las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. En el citado punto se especifica que el Gobierno español entiende que los acuerdos para ello se alcanzarán entre los partidos políticos vascos, así como entre los agentes sociales, económicos y sindicales vascos. Se recoge además que los citados acuerdos se refieren al futuro de los ciudadanos de los cuatro herrialdes bajo administración española: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.
Pero además, el diario sostiene que esto era conocido por ciertos medios de comunicación que prefirieron no darle difusión. Sorprende cómo deja caer que las informaciones del diario El Mundo sobre los contactos anteriores al 14-M demostrados con la documentación del etarra Esparza Luri tienen fundamento. Así lo expone textualmente:
- Tanto los portavoces del Ejecutivo español como los del partido que lo gestiona han negado cualquier noticia que afirmara que estaban ya hablando con ETA anteriormente, o bien dejan caer que el resto ya lo sabía. En los últimos días, por ejemplo, lo han hecho al hilo de la publicación de un documento incautado presuntamente a militantes vascos y que apuntaría al interés del PSOE por abrir esta vía ya en 2004. José Blanco, número dos del partido, replicó al PP que «ya tienen copia, porque entonces estaban en el Ministerio del Interior».
El tono de la información de Gara es de reproche por lo que ellos identifican como un incumplimiento de compromisos. Serían los siguentes:
- El acuerdo del que da cuenta este medio no sólo incluye compromisos por ambas partes, sino que también contempla una serie de garantías por parte del Gobierno español para normalizar la vida política. Entre ellas destaca el compromiso de que no se efectúen detenciones por la Guardia Civil, la Policía española, la Ertzaintza ni las policías francesas. Sin embargo, tras el pasado 22 de marzo se han producido al menos 35, 23 de ellas en régimen de incomunicación, y en ellas han intervenido todos los cuerpos policiales citados. Otra de las garantías es la disminución de la presencia policial y la desaparición de presiones policiales, algo que aún no se ha constatado. Junto a ello, el Ejecutivo acepta «de facto» que las organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar la vida política en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales, sin limitaciones de derechos civiles y políticos.
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