(Libertad Digital) Si el juez Baltasar Garzón Real puede tener problemas con el CGPJ no es precisamente por el interés de este órgano en que ocurra. Este mismo martes ha archivado la denuncia del PP por salir de caza con el entonces ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en el mismo fin de semana en el que se abría la operación Gürtel. Después compartió mesa y mantel de nuevo con Bermejo, con el Comisario General de la Policía Judicial –responsable de la unidad policial encargada de los informes contra el PP– y con una fiscal.
El asunto de los cobros en Nueva York, es decir, que Garzón cobrara doblemente por su condición de juez de la Audiencia Nacional y como profesor conferenciante, puede ser clave gracias al Tribunal Supremo, que ha dejado caer que es una falta muy grave.
El origen de todo lo encontramos en las actuaciones del abogado Antonio Panea contra Baltasar Garzón. Panea interpuso una querella ante el Supremo por prevaricación y cohecho contra el juez por haber dictado una sentencia favorable a la entidad bancaria que patrocinó su estancia en EE.UU. Pero además, el abogado había presentado una queja ante el CGPJ denunciando que el juez había entrado en nómina de la universidad de Nueva York, incurriendo así en una incompatibilidad ya que seguía recibiendo el sueldo base como magistrado al estar disfrutando de un permiso de estudios.
La vía de Panero en el Supremo quedó cerrada el lunes pero el Alto Tribunal al desestimar la querella dejaba claro que el juez podría estar incurriendo en una falta muy grave. Este toque de atención es el que ha movido al CGPJ a promover una investigación. Sin el aviso del Supremo todo indica que el Consejo tenía pensado dejar de nuevo impunes las aventuras de Garzón.
Sin embargo, incluso este nuevo panorama puede acabar en nada. El motivo, la prescripción. Las faltas muy graves como la que habría cometido el magistrado prescriben a los dos años y los hechos sometidos a estudio datan del año 2006. El 8 de julio de 2006 es cuando Garzón releva a Grande Marlaska que había cubierto su ausencia. En este supuesto, el jienense se libraría una vez más. Pero la queja interpuesta ante el CGPJ por el abogado Antonio Panea tiene una validez de seis meses y entró en el Consejo en noviembre de 2008 por lo que estaría en pleno vigor hasta el mes de mayo de 2009.
Todo depende pues, de la fecha que el CGPJ quiera dar por buena para abordar la enésima burla del juez a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Son muchos los que comentan que la actitud de Baltasar Garzón ha colmado la paciencia de la mayoría de sus colegas pero no faltan quienes apuntan que mantiene dos buenas amistades entre los vocales del Consejo.