(Libertad Digital) El Observatorio de los Derechos lingüísticos "Behatokia", creado en 2001 y financiado por el Gobierno vasco, ha recogido y enviado a distintos organismos públicos y privados lo que denomina "vulneraciones de los derechos lingüísticos" de los ciudadanos vascoparlantes del País Vasco, Navarra y Francia.
Este "observatorio" ofrece a los vascohablantes un servicio gratuito de atención telefónica, al que pueden acudir para denunciar lo que consideren "vulneraciones de su derecho a utilizar el euskera". En cinco años ha recopilado más de 4.000 quejas. En varios informes se han explicitado los casos más relevantes ocurridos en País Vasco, en Navarra (donde la lengua vasca es cooficial en algunas zonas) y en Francia.
La mayoría de estos casos se refieren a procesos fiscales, judiciales y burocráticos, estos últimos, sobre todo, en relación con trámites realizados en los ayuntamientos, que suponen un 33,7 por ciento de las quejas recogidas. Se trata de procesos en los que los interesados han demandado comunicarse, oralmente o por escrito, en vasco, y se les ha negado esta posibilidad, al tiempo que se recogen casos de señales viarias, notificaciones de multas y servicios telefónicos disponibles "sólo en castellano".
Asimismo, hay casos de pacientes de la red pública sanitaria que no pudieron ser atendidos en vasco (9,5 por ciento de los casos registrados en el ámbito público), pese a solicitarlo expresamente.
El Observatorio ha personalizado recursos judiciales
En algunos casos, Behatokia ha personalizado recursos judiciales. Tal es el caso del recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Lesaca (Navarra) "por haber rebajado el nivel de conocimiento de euskera necesario en varios puestos de trabajo municipales". Otro caso es el de un ciudadano de Vizcaya al que, tras ofrecerse a declarar como testigo en un juicio, "se le acabó abriendo un proceso penal" por negarse a declarar en otra lengua que no fuera la vasca, según señalaron las citadas fuentes.
"Behatokia" es una fundación impulsada y dirigida por el Consejo de los Organismos Sociales del Euskara ("Kontseilua"), de quien obtiene su financiación. A su vez, este Consejo cuenta con el apoyo económico de las Administraciones Públicas del País Vasco, que subvencionan un 18 por ciento de sus gastos. Estas instituciones públicas que financian el Observatorio son el Gobierno vasco, las Diputaciones Forales, los ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria y "varios municipios del país Vasco". Behatokia "mantiene relaciones con el Consejo de Europa en lo respectivo a la implementación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias", en colaboración con el Observatorio de la Lengua Catalana y la Mesa por la Normalización Lingüística gallega.