(Libertad Digital) La presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, ha confirmado que las Fuerzas de Seguridad del Estado han confirmado que desde que ETA declaró el alto el fuego hace tres meses "ha habido extorsión a 30 empresarios de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra". Por ello, consideró que "no se dan las condiciones" para que el Gobierno central inicie un diálogo con ETA, y que sería "un enorme error político y un disparate democrático" que su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, así anunciara en el Congreso.
San Gil compareció en San Sebastián junto a Carmelo Barrio para hacer un balance del alto el fuego, al cumplirse tres meses desde que ETA lo anunciara. Señaló que durante ese periodo, se han registrado "34 acciones de kale borroka que han supuesto 285.000 euros de daños materiales" y que se han producido 21 detenciones. Asimismo, señaló que, a pesar de que la Audiencia Nacional suspendió en enero las actividades de ETA-Batasuna, la formación ilegalizada ha celebrado 16 manifestaciones y 70 ruedas de prensa, además de ofrecer más de 12 entrevistas en EiTB.
A ello añadió la "extorsión a 30 empresarios", con unas cantidades exigidas de 18.000 y 60.000 euros, y "la recaudación confirmada por los medios de comunicación" de 64.000 euros. A su juicio, el Ejecutivo central pone "en duda la credibilidad" de las Fuerzas de Seguridad y de los empresarios navarros en esa materia porque esos datos "no le vienen bien", dado que "entorpecen la hoja de ruta" de Rodríguez Zapatero y evidencian que es "un disparate democrático". Preguntada sobre las declaraciones de la patronal vasca Confebask asegurando que no existen esas cartas de extorsión, San Gil dijo que "habrá que preguntárselo a Confebask".
San Gil concluyó que esa "tozuda y objetiva realidad se contrapone al engaño que el Gobierno y que la banda terrorista quieren para la sociedad española", dado que pretenden hacer "creer que esto es un proceso de paz" cuando se trata de "una claudicación clara" ante "las exigencias de ETA-Batasuna". En su opinión, la "cesión" del Gobierno de Zapatero es la que ha permitido que el presunto autor de la muerte del edil del PP Miguel Ángel Blanco, Javier García Gaztelu 'Txapote', se sintiera en el juicio "absolutamente crecido, y tuviéramos que padecer el escenario de verle ahí riéndose y humillando" a la familia del concejal. San Gil advirtió de que "si la paz que quiere Zapatero es la paz de Txapote" no "cuente" con el PP.
Madariaga estaría "mucho mejor en Benidorm tomando el sol"