El que fuera portavoz de Batasuna-ETA, Arnaldo Otegi, cumplió este viernes sus primeras veinticuatro horas en el centro penitenciario de Logroño, uno de los más cercanos a la comunidad vasca. Un traslado que llegó después de la polémica generada por la denuncia que hacía el pasado lunes Libertad Digital, al desvelar que llevaba más de quince días en la prisión de Martutene sin autorización judicial. Al final, estuvo casi veinte días de más en la cárcel donostiarra, ya que tan sólo tenía permiso para tres días, del 16 al 19 de abril, para abandonar el penal donde cumplía condena, en Navalcarnero (Madrid).
Este viernes, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que precisamente se desplazó hasta Logroño para firmar un convenio entre la capital riojana y la Guardia Civil, justificó el acercamiento del dirigente proetarra hasta la prisión de la ciudad. "Creemos que es lo mejor", "sirve al objetivo de acabar con ETA", y "es legal", dijo. Ésos fueron sus tres argumentos principales, utilizados para justificar el premio a Otegi.
"Arnaldo Otegi continuará en la cárcel de Logroño. En España contamos con una política penitenciaria que se aplica en todo el entorno de ETA, la cual se sigue a rajatabla y se aplica a todos los presos por igual", continuó el ministro en su visita a la capital riojana.
Fuentes judiciales y de la lucha contra el terrorismo consultadas por Libertad Digital enmarcan ayer jueves el traslado a Logroño en la política penitenciaria que lleva a cabo el ministerio de Rubalcaba desde el fracaso de la negociación política con ETA, consistente en acercar o alejar a los etarras y a los dirigentes batasunos encarcelados de una prisión a otra en función de si es posible o no discrepen de la cúpula de la organización terrorista.
En este caso, Rubalcaba calificaría a Otegi como uno de los blancos. Este apelativo lo recibirían los dirigentes batasunos que, tras el fracaso de la negociación político entre ETA y el Gobierno Zapatero, habrían apostado por una nueva tregua y una nueva negociación; o que, en la actualidad, podrían ser partidarios de que el brazo político de ETA rompiese con la banda terrorista y se presentase a unas elecciones condenando a la banda, algo realmente poco probable, pero en lo que el Gobierno parece tener esperanzas.
Horas antes, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de los viernes, la vicepresidente segunda, María Teresa Fernández de la Vega, había iniciado la causa común del Ejecutivo para justificar el traslado del batasuno. "El Gobierno no ha cambiado para nada su política antiterrorista y tampoco Instituciones Penitenciarias", indicó, para añadir que "las razones son estrictamente penitenciarias". Sin embargo, al tiempo que decía esto añadía que el Gobierno "no comenta nunca los traslados de presos ni cuando se acercan un cuando se alejan".