Ripoll queda en libertad con cargos tras declarar ante el juez

José Joaquín Ripoll no hizo ningún tipo de declaración a la salida del juzgado, que abandonó acompañado por sus letrados, después de permanecer en las instalaciones judiciales desde las 16.00 horas. Al parecer el juez le ha imputado diversos cargos, aunque ha desestimado la petición del fiscal de fijar una fianza de 500.000 euros para él.

Ripoll ha llegado sobre las 13.55 horas a los juzgados de Orihuela, donde está citado a declarar a las 14.00 horas, y tras el receso previsto por el juez en la toma de declaraciones, ha vuelto a las dependencias judiciales a las 16.00 horas para prestar declaración. El dirigente del PP ha prestado declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, asesorado por los abogados Fernando Candela y Bernardo del Rosal y en presencia del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

"No sé los hechos ni el por qué"

En una rueda de prensa posterior el presidente de la Diputación y del PP de Alicante ha explicado ante los medios que ha sido "imputado formalmente" en la investigación de la adjudicación de un plan de residuos, aunque ha señalado que el juez no le ha aclarado "ni los hechos ni el por qué" de su imputación.

El dirigente del PP ha indicado que ha prestado declaración "voluntariamente" y que durante la primera media hora de su comparecencia el juez le ha explicado que "no había una citación judicial" y que, por lo tanto, podía hacer una declaración o negarse.

Al responder que deseaba declarar, ha proseguido, le han leído sus derechos y durante los siguientes 30 minutos le han trasladado que no le podían contar "ninguno de los hechos recogidos en las diligencias previas" en su contra, a causa del secreto sumarial.

Ripoll ha recordado que la instrucción y el secreto de las actuaciones duran ya más de tres años, y ha agregado que el juez le ha explicado que los delitos de los que se le podría acusar podrían mantenerse o variar en el futuro. Según el presidente de la Diputación y del PP alicantino, las preguntas que le han efectuado tanto el instructor como el fiscal han sido "genéricas" y tras las mismas se ha acabado su comparecencia.

"No sé nada de las diligencias, ni de los hechos, ni del por qué. Comprenderán que no puedo contestar sus posibles preguntas y les pido disculpas, pero en cuanto se levante secreto (sumarial) ejerceré acciones legales de mi defensa", ha adelantado.

Respaldando estas declaraciones está un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Según dicho comunicado, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela "ha acordado mantener la situación de libertad provisional" para el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll. El instructor ha acordado la misma medida para los empresarios Enrique Ortiz (máximo accionista del Hércules), José Francisco León, José Candel y Luis Bracho.

Además, ha ordenado el ingreso en prisión, eludible bajo una fianza de 100.000 euros, para el empresario Rafael Gregori, al que se le ha concedido un plazo para reunir dicha cantidad.

El juez ha tomado declaración, en calidad de imputado, a Ripoll y a estos cinco empresarios que "debían comparecer en el marco de las diligencias previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros", según el TSJCV.

En cada comparecencia, que se ha desarrollado a lo largo de la mañana y parte de la tarde de hoy, "se han practicado las diligencias de imputación judicial", se señala en la nota. También "se ha explicado a cada uno de los afectados por la investigación que no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones, aunque sí que se les han expuesto, de forma minuciosa, las figuras penales y los prefectos legales a los cuales se pueden referir sus conductas".

El juzgado tiene previsto que mañana comparezcan para "diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas otras cinco personas: tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios de la localidad", según el TSJCV.

El TSJCV indica en el comunicado que "contra los autos dictados hoy por el magistrado-juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de 3 días, según se les ha notificado a las partes en el día de hoy".