Rajoy pide la intervención de oficio de la Fiscalía General por la violación de historiales clínicos en Cataluña

(Libertad Digital) La Generalidad ha admitido la utilización de historias clínicas para estudiar el uso del catalán. Dice que ninguna persona tuvo acceso a datos confidenciales. Sin embargo, El Mundo informa de que fue una empresa privada la que se encargó de controlar el uso del catalán a través de esos historiales y responsables de los hospitales reconocen que se cedieron las historias sin consentimiento de los pacientes, aunque con un "compromiso de confidencialidad", con lo que se reconoce que no se guardó el anonimato de los enfermos. La prensa de Barcelona guarda silencio sobre esta información.

 

Ante estos hechos, Mariano Rajoy ha explicado que se trata de "una actividad delictiva y todas aquellas personas cuyo historial clínico se haya utilizado pueden ir a los tribunales. Es de una enorme gravedad y es poner por encima de los derechos de las personas las imposiciones. Es uno de los hechos más graves que se han dado en España". En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Rajoy pidió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que sea "muy claro" en este asunto, dado que es "su obligación salir al paso". "Creo que es una actividad delictiva; figúrense que su historial clínico pasa a manos del director general de Política Lingüística. Es un atentado contra la intimidad y los derechos básicos constitucionales", enfatizó.

 

En este contexto, Mariano Rajoy instó al Ejecutivo a rectificar sus posiciones en el debate estatutario catalán, ya que según recordó la Constitución ya reconoce el derecho de los españoles a expresarse en castellano y en la lengua cooficial de su comunidad autónoma. "Ahora se pretende algo que va contra la Constitución y que en Cataluña ha tenido el voto de los socialistas. Y se está entrando en una deriva peligrosa", agregó.

 

Por otro lado, el portavoz adjunto del PP presentó una propuesta de resolución para que la Consejería de Salud se ponga en contacto con los ciudadanos cuyos expedientes clínicos han sido utilizados para llevar a cabo la auditoría y se lo comunique. Se trata de que los afectados "tengan conocimiento de que se ha vulnerado su derecho a la intimidad" y puedan, "si lo consideran oportuno, exigir responsabilidades penales a la Generalidad". Sirera recordó que el Código Penal, la Ley General de Sanidad, la Ley de Protección de Datos y la Autonomía del Paciente "avalan el secreto de la historia clínica de los pacientes, que sólo puede ser utilizada para proyectos docentes o de investigación, previa autorización por escrito".

 

El conjunto de documentos surgidos de la relación entre el médico y el paciente es confidencial y el acceso a ella sin autorización está tipificado como un delito. El PP ha solicitado explicaciones públicas a la ministra de Sanidad mientras CiU ha pedido que se depuren responsabilidades. Los periódicos catalanes hacen caso omiso de estas informaciones tan relevantes, que no aparecen recogidas en sus páginas de este miércoles. Este martes conocíamos como la política de normalización lingüística que el gobierno autonómico de Cataluña lleva imponiendo desde la transición ha dado una nueva vuelta de tuerca en los últimos tiempos a través de la puesta en marcha un programa piloto para certificar que el personal sanitario de los hospitales hable catalán entre sí y con los pacientes así como que la documentación emitida sea en catalán. Para ello, los técnicos han utilizado, entre otros, documentos confidenciales como los historiales clínicos de los pacientes.