El independentista, que planteó esta manifestación previa el lunes mientras ejercía como presidente en funciones, ha subrayado que él no defendió celebrar esa manifestación exclusivamente el 11 de septiembre, sino que, a preguntas de un periodista, convino en que esa fecha podía ser más "adecuada" para un acto de ese tipo que otras. Carod ha apuntado con ironía: "He de confesar que quedo maravillado de la capacidad de fabulación y de imaginación que se produce en nuestros días".
"Yo no me dedico a organizar manifestaciones ni a proponerlas", ha dejado claro el vicepresidente, cuya idea de manifestarse antes de conocer la sentencia fue desautorizada por el presidente catalán, José Montilla.
El líder ha opinado que sus comentarios se han situado en el centro de la polémica debido a la "cierta escasez de noticias" que hay en agosto, y ha lamentado que se sobredimensionen "noticias muy forzadas que en condiciones normales o no serían noticia o lo serían con una intensidad muy menor".
El vicepresidente ha precisado que él no abrió el debate, sino que se encontró con el "festival de la manifestación" a su vuelta de vacaciones, y ha dado por supuesto que el Ejecutivo abordará esta cuestión el martes, en su primera reunión tras las vacaciones de verano.
Frente a las críticas lanzadas desde el Gobierno de pretender presionar al Alto Tribunal, Carod ha dicho: "Decir que una manifestación es una presión es como descubrir el Mediterráneo. Cuando la gente se manifiesta no sale a estirar las piernas".
Sin embargo, ha recordado que "las presiones se ejercen de muchas maneras", y ha concluido que la verdadera presión es que los componentes del Tribunal Constitucional sean "de la misma cuerda ideológica" que partidos que plantean un recurso contra esta ley orgánica.
Asimismo, Carod se ha preguntado "quién tiene miedo del derecho de manifestación" y ha insistido en que, al margen de la polémica sobre la manifestación, lo importante es que "está en juego una arquitectura institucional democrática aprobada por el pueblo catalán". "Está en juego si se cuestiona la validez democrática y legal de un referéndum y el tipo de relaciones entre Cataluña y España", ha sentenciado.