La Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria en el seno de la carrera judicial, y convocante de la segunda huelga de jueces de la Historia de España, cree que a día de hoy hay un mayor colapso judicial que hace un año, cuando se gestó el movimiento reivindicativo del 8 de octubre, que finalizó con el primer paro judicial que ha conocido este país.
Por esta razón, y porque que sus magistrados no están convencidos de que el Plan de Modernización que del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mejore la situación actual de la Administración de Justicia tal y como debiera, los jueces vuelven a colgar sus togas este jueves.
A continuación, se enumeran las principales reivindicaciones que desde la APM se hace al Ejecutivo:
- Asumir la definición del número de resoluciones que pueden ser adecuadamente resueltas por un Juez, equiparándolo a países de nuestro entorno.
- Reelaborar los procedimientos judiciales tendiendo a la concentración, evitando así la multiplicidad secuencial de decisiones en un mismo proceso que colapsan los juzgados de instancia y los llamados a revisar sus resoluciones; restringiendose además el ejercicio de acciones a términos razonables para una sociedad acreedora de tutela judicial
- Una definición de una planta judicial que tenga en consideración estas cargas y que apueste por ratios de trabajo y tiempo de pendencia equivalentes a los países democráticos desarrollados.
- Una Administración de Justicia con instrumentos modernos de agenda, documentación, comunicación y mecanización de resoluciones; descargando al juez de las funciones no jurídicas en las que no se vean afectados derechos subjetivos.
- Un plan de adecuación de la planta de funcionarios actualmente existente, con una real y efectiva capacitación para su función y con delimitación de competencias propias y sujetas a una responsabilidad personal.
- Un plan de adecuación arquitectónico visado por el CGPJ.
- Un compromiso presupuestario que dote a la Administración de Justicia y al Poder Judicial de recursos propios y que se puedan mantenerse ajenos a decisiones políticas menores y coyunturales.
- Un modelo retributivo que contemple la responsabilidad de la función, con regulación de sistemas de actualización y que englobe la totalidad de actividades determinantes de rendimientos económicos y su cuantía.