(Crónica publicada el 20 de mayo de 2006, cuando se supo que el Gobierno seguía negociando con ETA)
(Libertad Digital - Víctor Gago) Sólo hay una forma de desenmascarar del todo a los mentirosos de la negociación con ETA: preguntar directamente al Centro Henry Dunant para el Diálogo Humanitario por las actas de las reuniones celebradas en marzo y abril entre enviados de Rodríguez Zapatero y enviados de Josu Ternera. Según difundieron Europa Press y El Mundo el pasado 20 de mayo, la discreta oficina suiza elegida por el Gobierno y por ETA para "levantar y guardar las actas", envió observadores a ambos encuentros, en los que el Gobierno habría implorado a la banda terrorista que no matase antes de las elecciones, como si no lo hubiera hecho ya con Diego Estacio y Carlos Palate.
No es difícil prever la respuesta del Centro Dunant a una consulta de esta naturaleza: algo parecido a "No hay comentarios". Pero, aun así, hay que hacerla.
Es preciso comprometer a esta equidistante institución a que tome partido y dé el paso de negar a los españoles una información crucial, que afecta a su derecho a saber si su presidente dice la verdad o miente como un bellaco. Los indicios de lo segundo se han convertido en evidencias clamorosas, por eso tiene sentido volver la mirada hacia el extraño mediador de un inexistente conflicto, que ha sido testigo clave de las reuniones y las ha documentado, y pedirle que elija entre el interés de Zapatero en tapar y el de los españoles en saber.
¿A qué espera el PP para hacerlo?
Aquí, nadie es inocente ni neutral, y menos, un supuesto mediador que asume como punto de partida que hay un conflicto en el País Vasco y que la forma de resolverlo es favorecer un diálogo en pie de igualdad entre una organización terrorista y un Estado democrático.
No parece que a su celestinaje se le hayan dedicado el interés y los interrogantes que merece.
Si, como señalan las versiones publicadas, ha sido un testigo activo, directo y meticuloso del contubernio de Zapatero y la ETA, es hora de preguntar al Centro Dunant lo que Zapatero se niega a contar a los ciudadanos.
Su independencia queda arruinada y su reputación vale menos que un euro de madera, desde el instante en que hay evidencias de que el presidente miente y, callando, sus asesores suizos, otorgan.
Su silencio es una toma de partido por la mentira. No obedece a la razón de Estado –lo que sería también harto discutible, en una institución apolítica que dice fundarse en principios humanitarios–, porque la razón de Estado sería, en este caso, derrotar a ETA, no encubrir la negociación y los favores políticos que Zapatero y la banda terrorista se intercambian en secreto y de espaldas a los españoles.
Meter a observadores extranjeros en la agenda de seguridad nacional de un país democrático sólo está justificado si ninguna de las partes que dialogan es de fiar. Es evidente que los terroristas nunca lo son; y se ha acreditado, además, que Zapatero, tampoco. El mediador sólo sirve si representa a los ciudadanos, y se convierte en una rémora si trabaja para mantener la mentira y, en el poder al mentiroso. Es útil si actúa como un testigo fiel; para encubridores, el cupo en España ya está completo.
¿Por qué debe manejarse en despachos de Ginebra una información que se les niega a los españoles y les acucia con su libertad y su futuro? ¿Quién los ha elegido para custodiar nuestros sucios secretos? Merecemos gobiernos y entrometidos que no mientan.
