L D (Agencias) El Consejo Fiscal rechazó este martes un escrito presentado por los seis vocales pertenecientes a la Asociación de Fiscales en el que se pedía la dimisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, por la destitución de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y por su política general de nombramientos y ceses.
El escrito de la Asociación de Fiscales no recibió el apoyo ni de los tres vocales de la Unión Progresista de Fiscales ni de los tres consejeros natos de este órgano, que son el propio fiscal general, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, y el jefe de la Inspección, Rafael Valero.
El vocal de la Asociación de Fiscales Fernando Herrero Tejedor declaró a los periodistas, al término de la reunión, que el escrito se había rechazado, aunque sin llegar a votarse. Seis de los miembros del Consejo estaban a favor del mismo y otros seis en contra. Si se hubiera votado Conde Pumpido, que no se ausentó de la reunión pese a tratar su dimisión, habría tenido que utiliza el voto de calidad. Era la primera vez en la historia que un grupo de vocales del Consejo Fiscal pedía la dimisión de un fiscal general.
Fuentes de la Fiscalía General dijeron, por el contrario, que el escrito no llegó a votarse, y que Conde-Pumpido, una vez que los vocales de la AF lo pusieron sobre la mesa, preguntó al resto de consejeros si lo apoyaban, lo que fue contestado negativamente.
Según Herrero Tejedor, la dimisión se ha solicitado no sólo por el caso Fungairiño, ya que este asunto ha sido "la gota que ha colmado el vaso" en lo que viene siendo una política de nombramientos y ceses con la que la asociación de Fiscales no está de acuerdo.
En su escrito, los vocales de la Asociación de Fiscales reprueban lo que califican como "cese encubierto" de Fungairiño por parte del fiscal general. "No se ha tratado en realidad de una renuncia, caracterizada por el elemento de voluntariedad, sino de un abandono forzado de su puesto, ante la perspectiva de verse removido e incluso sometido a un expediente disciplinario", agrega el documento.
Destacan que el fiscal general puede haberse atenido a la letra de la Ley, pero no a su espíritu, y denuncian que la remoción de un fiscal, prevista en el artículo 41 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, está rodeada de unas garantías, como la audiencia previa del Consejo Fiscal, que han sido ignoradas en el caso de Fungairiño.
La AF dice que se trata de un supuesto más de pérdida de confianza del fiscal general en un fiscal de Sala, en recuerdo sin citarlo del caso de Eduardo Torres-Dulce, quien no fue renovado el pasado mes de julio en el cargo de fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La Asociación rechaza que se introduzcan criterios de confianza o afinidad política o ideológica en los nombramientos o ceses de fiscales, ya que "atenta contra la propia esencia y dignidad del Ministerio Fiscal".
Para la AF, la situación creada por esa política de Conde Pumpido es rechazada por la gran mayoría de la carrera fiscal, por lo que, para "restaurar el crédito social y preservar la identidad del fiscal constitucional", reclaman la dimisión de Conde-Pumpido. Herrero Tejedor indicó que en muchos asuntos, que no son la política de nombramientos, están "muy de acuerdo" con Conde Pumpido, por lo que seguirán colaborando con él en el Consejo Fiscal por el bien de la carrera fiscal y del servicio público de la justicia, ya que ni va a dimitir ni el Gobierno le va a cesar. Añadió que a ellos no se les ha agotado la paciencia como le ha ocurrido al fiscal general con Fungairiño.