Pumpido justifica la tardía ilegalización de ANV y PCTV: hay que demostrar su relación "habitual" con ETA
La Abogacía del Estado recibirá en el Consejo de Ministros la autorización para iniciar la ilegalización de ANV y PCTV. El primer paso, se hará ante Garzón, al que pedirán la suspensión de ambos partidos; el segundo, ante el Supremo, al que pedirán su ilegalización. Los mismos pasos los seguirá la Fiscalía. Pese a esto, Garzón no ha prohibido el acto que ANV celebrará en Vitoria el sábado, y Pedraz ha dejado en libertad a la alcaldesa proetarra que enalteció el terrorismo.
La autorización del Consejo es un trámite previo de obligado cumplimiento para que la Abogacía del Estado pueda actuar, e impediría que ANV Y PCTV se presenten a las elecciones del próximo 9 de marzo. El primer paso, será la de solicitar al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que suspenda las actividades de ambas formaciones políticas. Como antesala, ya remitió el miércoles un documento en el que le instaba a impedir que cualquier sucesora de Batasuna-ETA pueda concurrir a las elecciones. El segundo paso, será pedir la ilegalización de ambas formaciones políticas ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo. En esta solicitud, cada partido tendrá su propia demanda.
La Fiscalía General del Estado actuará en consonancia con la Abogacía del Estado. Cándido Conde-Pumpido dijo este jueves que su departamento está aún analizando los informes policiales que le fueron remitidos esta semana sobre ANV y el PCTV y que "tiene decidido" presentar dos demandas instando la ilegalización de ambos partidos ante el Tribunal Supremo. La iniciativa procesal se desarrollará "probablemente a comienzos de la próxima semana" y por el trámite de la demanda ordinaria.
Las demandas destacarán como causa principal de ilegalización la prevista en el artículo 9.3 f) de la Ley de Partidos Políticos (LPP), que es la de "colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúan de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que ampararan o apoyan al terrorismo o a los terroristas". En este sentido, se les acusará de colaborar de forma habitual con la ilegalizada Batasuna-ETA.
En cuanto al PCTV, según explicó Conde-Pumpido en rueda de prensa, la colaboración habitual vendría dada por el abono de las retribuciones de hasta 49 personas vinculadas a Batasuna-ETA, entre ellos algunos miembros destacados de la Mesa Nacional, "lo que indudablemente constituye una cooperación habitual". A ello hay que añadir la cesión del local de que dispone PCTV en Usúrbil (Guipúzcoa) para reuniones clandestinas de miembros de Batasuna-ETA, además de "otras actividades de cooperación" que el fiscal general no concretó.
Contra ANV, además de la causa de colaboración con Batasuna-ETA, que según Conde-Pumpido "también es efectiva y reiterada", la Fiscalía alegará la comisión de la causa prevista en el artículo 9.3 a) de la LPP, la de "dar apoyo político expreso o tácito a terrorismo legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta".
En este punto, además de la ausencia de condenas a los últimos actos terroristas, Conde-Pumpido destacó la intervención pública de la alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa), Mariam Beitialarrangoitia, a quien el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dejó hoy jueves en libertad tras tomarla declaración por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo que habría cometido al apoyar públicamente a los presuntos etarras Igor Portu y Mattin Sarasola durante el acto de presentación de candidaturas de su formación en Pamplona.
Ante Garzón
"Al día siguiente" de la presentación de ambas demandas, según Conde-Pumpido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará la suspensión cautelar de las actividades tanto de PCTV como de ANV al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que mantiene abierta una causa penal contra varios de sus miembros por presuntos delitos e integración en organización terrorista.
Esta solicitud se resolverá previsiblemente, según Conde-Pumpido, tras la celebración de las comparecencias ya convocadas por Garzón para los próximos 4 y 5 de febrero, para PCTV y ANV, respectivamente. El primero de estos partidos estará representado ante el juez por la abogada y ex parlamentaria HB Ione Goiricelaia, mientras que los intereses de ANV serán defendidos por el letrado Iñigo Iruín, según informaron hoy fuentes de la defensa.
Igualmente, el Ministerio Público también solicitará ante la Sala del 61 del Supremo la medida cautelar de suspensión de las actividades de ambas formaciones, tal y como prevé LPP.
Justificando el retraso: la "habitualidad"
Según el fiscal general, "la Fiscalía del Tribunal Supremo inició el proceso de ilegalización el pasado 3 de diciembre", que fue cuando solicitó la realización de informes policiales a la Dirección General de Seguridad, que llegaron el pasado martes a la Fiscalía. Esta decisión se tomó tras producirse el día 1 el atentado terrorista mortal de Capbreton, en Francia, y constatarse que un día después ni PCTV ni ANV habían condenado los crímenes.
Aludió igualmente el fiscal a las detención el pasado mes de octubre de varios miembros de la Mesa Nacional de Batasuna cuando se encontraban celebrando una reunión en Segura (Guipúzcoa). Estas detenciones permitieron a las fuerzas de seguridad incautarse de varios documentos incluidos en ordenadores, como la acta de una reunión celebrada en junio de 2007 entre ANV, PCTV y Batasuna, que constituyen otro indicios que se incluirán en las demandas.
Preguntado si no era posible haber iniciado antes estos trámites ante el alto tribunal, Conde-Pumpido destacó que España es "un estado de Derecho que cuenta con una Ley de Partidos" que incluye una serie de causas de ilegalización, como es la "habitualidad" de las colaboraciones entre las formaciones contra las que se actuará y grupos como Batasuna. Insistió en que dicha colaboración no ha podido constatarse hasta que se ha terminado de analizar la documentación de Segura.
Igualmente, afirmó que considera que la eventual suspensión cautelar de las actividades de PCTV y ANV es jurídicamente suficiente para justificar la anulación de un derecho fundamental como es el de presentarse a unos comicios electorales, ya que así lo prevé la propia Ley de Partidos.
En caso de fallar las peticiones de suspensión ante Garzón y ante la Sala del 61, lo que parece poco probable a la luz de los indicios presentados, la Fiscalía tratará de evitar que ambos partidos concurran a las elecciones mediante la presentación de contenciosos electorales. Añadió que su departamento está preparado para impedir que aquellos que colaboran con los terroristas puedan presentarse bajo otras siglas, tal y como ha logrado en anteriores convocatorias.
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