Martes 15 de marzo. A las diez de la mañana el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño reciben en el Palacio de la Moncloa al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, y a los vocales José Manuel Gómez Benítez, Manuel Almenar y Margarita Robles.
El motivo de la reunión: tratar la importancia de tres proyectos de leyes que actualmente tramita el Parlamento y que se enmarcan en el proyecto de Modernización de la Justicia. Se trata de la Ley de Medidas para la Agilización Procesal y de Uso de las nuevas tecnologías así como el anteproyecto para la creación de tribunales de instancia.
Sin embargo, el nerviosismo en la Moncloa este martes era por otro asunto. Las declaraciones de Caamaño 24 horas antes diciendo que era "evidente" que jurídicamente la nueva franquicia de Batasuna, Sortu, "no es ETA" porque "si fuera ETA estarían todos en la cárcel" no pasaron desapercibidas para la mayoría de los medios de comunicación. El ministro de Justicia dijo el lunes en Santiago de Compostela que Sortu y ETA "son cosas distintas y hay que saber matizarlas y diferenciarlas por lo menos en el plano del Derecho".
Unas palabras que el Ejecutivo quería matizar este martes dada la polvareda que habían levantado. Por este motivo, y aunque no estaba previsto, el Gobierno difundió un aviso urgente a través de correo electrónico a algunos medios de comunicación para convocar una rueda de prensa sobre la marcha.
En ella, dos principales protagonistas sobre la tarima de intervenciones: Caamaño y el vocal que preside la Comisión de Estudios e Informes, José Manuel Gómez Benítez, uno de los interlocutores del Ejecutivo con ETA durante la anterior tregua trampa.
Según las actas incautadas en Francia a los terroristas, Gómez Benítez fue el tercer representante del Gobierno en la mesa de contactos con los terroristas junto al presidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Jesús Eguiguren, y a Javier Moscoso, el que fuera fiscal general del Estado.
Por otro lado, Gómez Benítez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, es de sobra conocido en la Moncloa ya que fue una de las personas de confianza del Ejecutivo que le encomendó personalmente negociar con ETA en 2006. Viejo amigo de los socialistas, en numerosas ocasiones ha ejercido como abogado de confianza del partido. También fue letrado del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, al que le une una fuerte amistad.
Benítez es considerado "un verso suelto" entre sus compañeros del órgano de gobierno de los jueces y no es descabellado afirmar que dentro del Consejo cuenta con más enemigos que amigos porque "siempre trata de dar la nota".
Este martes no ha sido una excepción. En más de una ocasión durante la comparecencia, Gómez Benítez ha intentado robar protagonismo al ministro, que en vez de aclarar cuál es la posición del Ejecutivo sobre Sortu ha tratado de explicar eso de que si Sortu fuera ETA "estarían todos en la cárcel". Francisco Caamaño ha manifestado que hay una "matización importante" en sus palabras porque una cosa es el debate jurídico y otro el político. "Nosotros consideramos que Sortu es una derivada de Batasuna y, por tanto, una representación de ese mundo, y en consecuencia no debe ser legalizado", recalcó.
Si el Ejecutivo quería mostrar este martes firmeza y transparencia en su posición sobre los herederos de Batasuna-ETA el resultado puede haber sido el contrario. Una imagen vale más que mil palabras: ministro y negociador juntos, en una inexplicable rueda de prensa.