PSOE e IU pactan la "ilegitimidad" de los tribunales franquistas en su acuerdo para desbloquear la Ley de Memoria Histórica

LD (EFE) El PSOE e IU-ICV llegaron a un acuerdo para desbloquear la tramitación del proyecto de ley de memoria Histórica al incorporar una nueva referencia que establece la "ilegitimidad" de los tribunales franquistas y de las condenas dictadas por motivos ideológicos o políticos durante la dictadura. Sólo se refiere a las víctimas del lado republicano puesto que no reconoce como víctimas a las causadas por este bando de la contienda.

Aunque el espíritu del texto presentado en el Congreso por el Gobierno había sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, dos de los principales socios del Ejecutivo como son IU-ICV y ERC consideraban que era insuficiente y planteaban como "irrenunciable" la supresión de los llamados juicios sumarísimos del franquismo.

En el artículo 3 del nuevo texto pactado entre PSOE e IU-ICV se recoge una fórmula que satisface a ambos grupos para solventar este escollo, de manera que se declara la "ilegitimidad" de los tribunales y de todos los órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil y la dictadura para imponer, "por motivos ideológicos o políticos", condenas o sanciones. Se declaran "ilegítimas", asimismo, las resoluciones de estos organismos dictadas contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior de la II República.

Reconoce además el derecho a obtener una declaración de reparación y recuperación personal, familiar y moral a quienes en la Guerra Civil y el franquismo padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas, en exclusiva a las perseguidas por el bando nacionalista, no a las perseguidas por el bando republicano.

Como política pública, la nueva redacción del artículo 1 pretende fomentar los valores y principios democráticos para facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias de esa etapa histórica desde el punto de vista socialista, así como asegurar la preservación de los documentos relacionados con ella y depositados en archivos públicos. Se suprimen los artículos 5, 6 y 7 del proyecto del Gobierno, de manera que se descarta la creación de la figura de un tribunal de notables encargado de analizar cada caso concreto y reconocer individualmente a cada una de las víctimas.