Propuestas del PP en materia de Justicia

La legislatura de Zapatero ha supuesto un gran deterioro institucional, que ha generado inestabilidad. Se han roto todos los Pactos sobre el funcionamiento de las instituciones.

 

En concreto, se ha provocado un deterioro extraordinario de la Justicia.

 

1 Se ha roto el Pacto de Estado que firmamos con nuestra mayoría absoluta.

 

2 Se ha interrumpido el proceso de modernización de la Justicia previsto en dicho Pacto. No se ha hecho nada útil en 4 años.

 

3 Se ha avanzado en el proceso de ruptura de la unidad del Poder Judicial único para toda España previsto en la Constitución.

 

4 Se ha atacado gravemente la independencia judicial, persiguiendo a toda costa el control de la Justicia.

 

- Reforma de la LOPJ para cambiar las reglas de juego durante el partido, modificando las mayorías del CGPJ. (“Ingeniería jurídica” lo llamaron)

 

- Reforma de la LOTC con la enmienda “Casas”, cambiando también las reglas del Tribunal Constitucional.

 

- Ataque permanente del Gobierno al CGPJ, al que se ha deslegitimado (Bermejo), llegándose a llevar al Congreso al Presidente del TS para que el Partido mayoritario le diese de bofetadas.

 

- Proyectos de “Justicia de Proximidad” y anuncios sobre el nombramientos de los Jueces por los Alcaldes y, últimamente, por el propio Bermejo.

 

5 Se ha cuestionado el imperio de la ley, pidiendo el Fiscal Pumpido a los Jueces que adaptasen su aplicación a las circunstancias políticas de la negociación con ETA (manchar la toga con el polvo del camino).

 

 

 

1 Independencia Judicial

 

Que el CGPJ lo elijan los jueces y no los políticos. Reformaremos la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere al sistema de elección de los Magistrados del Consejo General del Poder Judicial para que se elijan los 12 que prevé la Constitución  por y entre jueces y magistrados.

 

Reforzaremos las competencias del Consejo General del Poder Judicial, como órgano constitucionalmente previsto para el gobierno de todo el Poder Judicial, sin propiciar su sustitución por 17 Consejos autonómicos.

 

2 Defenderemos la unidad del Poder Judicial para toda España, prevista por la Constitución e indispensable para la igualdad de derechos de todos los españoles. Para ello, fortaleceremos al Tribunal Supremo en su función unificadora de la doctrina jurisprudencial, a través de un recurso de casación que siente una doctrina común aplicable a todos.

 

3 Reformaremos el Estatuto del Ministerio Fiscal para potenciar su autonomía, fortalecer el papel del Consejo Fiscal, asegurar la objetividad en el nombramiento de todos los fiscales y la unidad jerárquica de la Fiscalía en todo el territorio nacional.

 

4 Reforzaremos el modelo del juez profesional previsto en la Constitución, su carácter nacional y el sistema de acceso por oposición pública y libre que garantice los principios de mérito y capacidad

 

5 Retomaremos el proceso de modernización de la Justicia, los juicios rápidos, la ordenación de la Oficina Judicial y la especialización de los juzgados y los jueces.

 

6 Dotaremos un Fondo para la Calidad de la Administración de Justicia que permita que la inversión en medios y  la proporción de jueces por habitante se equiparen a la de los países más avanzados de la Unión Europea.

 

7 Perseguimos, como objetivo para la próxima legislatura, que se reduzcan un treinta por ciento los tiempos de respuesta de todas las jurisdicciones y en todos los juzgados de España.

 

8 Aprobaremos una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que garantice la celebración rápida de los juicios penales y simplifique los procedimientos, con todas las garantías.

 

9 Reforzaremos el papel de las víctimas y sus derechos, reformando el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento y la Ley General Penitenciaria, para recoger sus derechos y otorgarle un mayor protagonismo procesal.

 

 

Modificaremos los requisitos para ser elegido magistrado del TC para reforzar su independencia. (30 años y hasta jubilación).

 

Modificaremos la regulación de los recursos de inconstitucionalidad para que se resuelvan en un plazo inmediato, no superior a un año

 

Reintroduciremos el recurso previo de inconstitucionalidad, para Estatutos de Autonomía, a resolver en 6 meses.