Prisión para los organizadores de la manifestación en la que se quemó la bandera de España

L D (EFE) Según informaron fuentes jurídicas, el juez acusa a los tres –Juan José Petrikorena, Iñigo Balda y Ainhoa Iñigo– de colaboración con banda armada por actos de apoyo al frente institucional y armado de ETA, de desobediencia por el incumplimiento de las resoluciones judiciales en las que se decretaron la suspensión de actividades y la ilegalización de Batasuna y de ultraje a España por la quema de bandera.

Garzón considera que Batasuna, a través de sus dirigentes Arnaldo Otegi, Araitz Zubimendi y Joseba Permach impulsaron la organización de esta manifestación por medio de Petrikorena y de Balda para que buscaran a una persona que no estuviera relacionada públicamente con la formación, que resultó ser Ainhoa Iñigo, para que figurara como convocante de la manifestación y no constara así que en realidad la convocaba Batasuna.

Para ello contaron con "la participación de otros responsables de Batasuna, alguno de ellos aforados" como es el caso del parlamentario de Sozialista Abertzaleak (sucesora de Batasuna), Arnaldo Otegi, que intervino en la manifestación, pero contra el que Garzón no puede actuar por carecer de competencia para investigar a aforados. Garzón, que adoptó la decisión a instancias del fiscal Enrique Molina tras tomar declaración a los detenidos, ha ordenado además la búsqueda y captura internacional a efectos de extradición por estos hechos de Mikel Aznar, miembro de Batasuna y procesado por su pertenencia al aparato político de ETA, EKIN, que se encuentra en paradero desconocido.

A juicio de Garzón, la manifestación fue utilizada "no como una finalidad en sí misma sino como un vehículo para que en el curso de la misma, -como ya había sucedido en otras anteriores-, se apoyara a la organización terrorista, se dieran gritos a favor de la misma (...) y se viabilizara la quema de una bandera española a la vista, ciencia y paciencia del máximo responsable de la ilegalizada Batasuna y responsable de Sozialita Abertzaleak, Arnaldo Otegi que incluso llegó a decir mientras ardía aquella qué mal huele la bandera española ". De este modo, el juez considera que la finalidad "preestablecida" de esta manifestación, convocada bajo el lema "No Apartheid, Autodeterminazioa", era "apoyar a ETA-EKIN a través de un acto de apariencia lícita pero dirigido específicamente a conseguir los propios fines de la organización terrorista de la que forma parte Batasuna".

En esta misma línea, prosigue el auto, Mikel Aznar y Balda habían "asumido la función de elaborar una lista de personas interpuestas que soliciten y/o comuniquen las distintas iniciativas que Batasuna decide llevar a cabo (...) para eludir la suspensión e ilicitud de los actos patrocinados por ésta y derivada de su ilegalización". Así, según consta en las intervenciones telefónicas que obran en la causa, contactaron con Ainhoa Iñigo, quien en su declaración aseguró que pensaba que el convocante de la manifestación era un colectivo ciudadano y no Batasuna y explicó que ella, a petición de una persona a la que no identificó, sólo se limitó a rellenar la instancia de comunicación de la manifestación al departamento vasco de Interior, informaron fuentes jurídicas.

La consejería de Interior acordó entonces prohibir el acto, pero los organizadores decidieron recurrir esta decisión al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y consiguieron que este autorizara la manifestación.

Colectas en las “herriko tabernas”

Para la organización de estos actos que, al igual que la citada manifestación, figuran en el documento "Barne Buletina" en el que se planifican las actividades veraniegas de Batasuna y que fue intervenido en los registros practicados a raíz de las detenciones, se han utilizado estructuras de ETA-EKIN y de las "herriko tabernas" "para facilitar contactos, puntos de reunión o la guarda de documentación". Entre esta documentación han sido también halladas en las tres "herriko tabernas" registradas ayer "un número indeterminado de cartas dirigidas a pequeños comercios solicitando aportaciones económicas para su sostenimiento y el de los presos de ETA (mecanismo de extorsión parecido al llamado impuesto revolucionario)", así como fotografías de actos de "violencia callejera" obtenidas por sus autores, indica el auto.

Las detenciones y registros fueron motivados por una querella que la Fiscalía de la Audiencia Nacional interpuso días después de la manifestación ante el juez Juan Del Olmo al que se le dará traslado de todas las actuaciones realizadas en esta causa por Garzón, al encontrarse esta semana de guardia. Del Olmo deberá entonces decidir si deduce testimonio de la participación de los aforados en estos hechos al tribunal competente, que en este caso sería el TSJPV.