L D (EFE) Éstos son los casos más relevantes:
- Juan José Ibarretxe, lehendakari entre 1999 y 2009, declaró como imputado en enero de 2007 por haberse reunido en abril del año anterior con representantes de Batasuna. En esta misma causa también fueron imputados el actual lehendakari, Patxi López, y el actual Consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares.
- Jaime Ignacio del Burgo (UCD), presidente de la Diputación Foral de Navarra, fue acusado el 23 de febrero de 1980 de malversación de fondos por la diputación tras una información de El País y destituido del cargo, al que acabó volviendo por orden judicial tras un recurso al Supremo. La denuncia de la Diputación por malversación fue archivada.
- Demetrio Madrid (PSOE), presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y el 29 de octubre de 1986, fue imputado por una querella presentada por once trabajadoras de la empresa textil de la que era propietario. En 1990 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le absolvió.
- Carlos Collado (PSOE), presidente de Murcia de 1984 a 1993, dimitió por supuestas irregularidades de fondos públicos por el "caso Casa Grande", del que finalmente fue absuelto por el Tribunal de Cuentas en 1997.
- Gabriel Cañellas (PP), presidente de Baleares, que dimitió en julio de 1995, a los pocos días de jurar su cargo, por los casos Calvia, fue imputado de cohecho por el supuesto cobro de comisiones en la concesión de infraestructura pública, y del Túnel de Sóller, sobre un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación de obras. En 1997 fue absuelto de ambos delitos.
- Javier Otano (PSOE), presidente de Navarra en 1996, dimitió tras ser imputado en julio por un supuesto cohecho en la trama navarra del "caso Roldán". También declaró como imputado el 3 de octubre de ese año por el "caso Otano", que se cerró sin sentencia porque el delito había prescrito.
- Gabriel Urralburu , presidente de Navarra entre 1984 y 1991, fue encarcelado en 1995, por haber cobrado comisiones ilegales en obras públicas durante su mandato, el llamado "caso Otano". Urralbu, primer presidente regional encarcelado, salió en libertad provisional en 1998, y fue condenado a 11 años de prisión por el mismo delito y otros dos contra la Hacienda Foral y al pago de una multa de 4,69 millones de euros. En 2001, el Supremo redujo su condena a cuatro años, si bien mantuvo los 9 años inhabilitación y la multa.
- José Marco (PSOE), presidente de Aragón entre 1993 y 1995, dimitió y fue condenado a 13 meses de cárcel y 6 de inhabilitación por malversación de caudales y falsedad en documento público en el denominado "caso del Sillón". En 1998, fue condenado por el "caso de los Espías" a 9 meses de prisión, 2 de inhabilitación y a devolver 90.000 euros. No ingresó en prisión por un cambio en el Código Penal.
- Juan Hormaechea , presidente de Cantabria entre 1987 y 1995, fue condenado en 1994 a 6 años de prisión y 7 años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Tras varios recursos, el Tribunal Supremo confirmó en 2004 la condena de 3 años de cárcel y 13 de inhabilitación.