L D (EFE) El modelo de inversión, pactado este jueves en el Congreso de los Diputados tras casi diez horas de negociación, no contempla una cifra concreta, como sí hacía la propuesta aprobada en el Parlamento balear, y reduce de diez a siete años como máximo el plazo de aportaciones adicionales del Estado a Baleares. Mientras que la redacción acordada en Baleares, en su disposición transitoria octava, fijaba esta cuantía en 3.000 millones de euros, el nuevo texto establece un sistema que resulta de la aplicación de "la inversión media per cápita realizada en las comunidades autónomas de régimen común".
Francesc Antich, quien formó parte de la delegación socialista en la reunión del Congreso junto al portavoz de este grupo en la Cámara Baja, Diego López Garrido, y el diputado Ramón Jaúregui, señaló que esta "fórmula" no contiene una "cantidad expresa y concreta", pero sí es "cuantificable". Estimó que la cuantía derivada del nuevo modelo rondaría los 2.400 ó 2.500 millones de euros, cifra ésta última en la que coincidió con Matas, quien desde Palma de Mallorca mostró su satisfacción por este acuerdo que "reconoce el déficit histórico de las islas".
A la negociación asistió la vicepresidenta balear, Rosa Estarás, y el consejero de Economía, Lluis Ramis, así como las diputadas del PP en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría y María Salom. Antich y Estarás afirmaron que el acuerdo respeta el trabajo del Parlamento balear. La vicepresidenta matizó que a pesar de que la fórmula de inversión pactada reduce la cuantía reflejada en el texto inicial, el PP aceptó la cláusula "en aras del consenso". Los populares también destacaron que las negociaciones han permitido "el reconocimiento" y la "protección especial de las modalidades lingüísticas" de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
Francesc Antich, quien formó parte de la delegación socialista en la reunión del Congreso junto al portavoz de este grupo en la Cámara Baja, Diego López Garrido, y el diputado Ramón Jaúregui, señaló que esta "fórmula" no contiene una "cantidad expresa y concreta", pero sí es "cuantificable". Estimó que la cuantía derivada del nuevo modelo rondaría los 2.400 ó 2.500 millones de euros, cifra ésta última en la que coincidió con Matas, quien desde Palma de Mallorca mostró su satisfacción por este acuerdo que "reconoce el déficit histórico de las islas".
A la negociación asistió la vicepresidenta balear, Rosa Estarás, y el consejero de Economía, Lluis Ramis, así como las diputadas del PP en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría y María Salom. Antich y Estarás afirmaron que el acuerdo respeta el trabajo del Parlamento balear. La vicepresidenta matizó que a pesar de que la fórmula de inversión pactada reduce la cuantía reflejada en el texto inicial, el PP aceptó la cláusula "en aras del consenso". Los populares también destacaron que las negociaciones han permitido "el reconocimiento" y la "protección especial de las modalidades lingüísticas" de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
El "régimen especial balear"
El acuerdo supone también una redacción diferente de la disposición adicional sexta, que en el texto inicial del Parlamento balear, hacía alusión a la insularidad. Así, y con el título "Del régimen especial insular de las Illes Balears", este apartado indica en su punto primero que una ley de las Cortes regulará este "régimen especial balear" con reconocimiento del "hecho específico y diferencial de su insularidad" con carácter permanente.
Además, en el marco de esa ley, "y con observancia de las normas y procedimientos estatales y de la Unión Europea", el Estado "ajustará sus políticas públicas a la realidad pluriinsular de las Illes Balears" y se creará un "instrumento financiero" independiente del sistema de la comunidad autónoma que dotará los "fondos necesarios" para que sea efectiva esta medida.Una comisión mixta Estado-Baleares se encargará de efectuar el seguimiento de la aplicación de este Régimen Especial.
En suma, como señala la nueva disposición transitoria octava, la garantía de dicho "compromiso inversor" vendrá motivada por los "oportunos convenios" que el Gobierno balear proponga al Ministerio de Economía para la ejecución de programas estatales en ámbitos como transportes, infraestructuras, turismo o medio ambiente.