¿Por qué el alcalde de Leganés está tan nervioso?

La campaña difamatoria que durante el mes pasado hubo de sufrir Jesús Gómez, portavoz del PP en Leganés y candidato a la alcaldía, no es accidental ni un capricho ideológico de los concejales comunistas, aparentemente ofendidos por las opiniones que Gómez sostenía hace diez años. Tras la cortina de inflamadas acusaciones, frases entrecomilladas, tribunales de honor y amenazas de querella por apología del genocidio se esconde algo mucho más prosaico: el poder.

Los socialistas, solos o en compañía de IU, llevan gobernando en Leganés desde las elecciones de 1979. Desde hace siete años el PP es el partido más votado y durante 23 días en 2007 tuvo la oportunidad de gobernar hasta que socialistas y comunistas se pusieron de acuerdo en el reparto de concejalías. El equipo de Gobierno municipal nacido de aquel pacto lo lidera Rafael Gómez Montoya, socialista de la línea de Simancas, acompañado por tres concejales de IU y algunos socialistas heredados del anterior regidor, José Luis Pérez Ráez, "caudillo" socialista local y alcalde hasta los comicios de 2007.

Pérez Ráez, abogado laboralista, abandonó la alcaldía pero no la política. Hoy es diputado de la Asamblea de la Comunidad de Madrid a pesar de que se encuentra imputado por un caso de prevaricación. Pero no es Pérez Ráez el que más teme que Jesús Gómez se haga con el consistorio leganense, sino su sucesor Rafael Gómez Montoya, que en sólo tres años y medio de Gobierno ha acumulado un sinnúmero de denuncias por irregularidades administrativas, tráfico de influencias y prevaricación.

El martillo pilón de este polémico alcalde ha sido el propio Gómez y el único concejal independiente, Carlos Delgado, del partido Unión por Leganés (ULEG). Entre ambos han ido destapando un caso tras otro hasta poner a Montoya y su equipo contra las cuerdas. Todos los casos se encuentran actualmente en los tribunales pendientes de sentencia. 

A modo de repaso, las trampas en las que se ha ido metiendo Montoya son las siguientes:

Caso Facturas

Dos empresas adjudicatarias del Ayuntamiento, Urbaser y Helechos, supuestamente habrían pagado publicidad para la campaña electoral de Montoya de 2007. Ambas empresas tienen contratos millonarios con el Ayuntamiento dirigido ahora por Montoya.

Las inserciones publicitarias, pagadas, según se extrae de la querella, por estas dos empresas, fueron hechas en diversas cabeceras de prensa local. La trama estaba compuesta, aparte de por el propio Montoya, por su mujer, Carmen Blázquez y por Francisco Arroyo, directora de Medioambiente y concejal de Limpieza respectivamente cuando sucedieron los hechos. En aquel momento Montoya era concejal perteneciente al equipo de Gobierno de Pérez Ráez y candidato a la alcaldía impuesto por la dirección del PSOE contra el criterio de los militantes de la localidad.

Caso Cuadrifolio

Este caso no afecta directamente a Montoya, pero sí a parte de su equipo, especialmente a su actual concejal de Hacienda y portavoz del grupo socialista Antonio García Blázquez. Cinco días antes de las elecciones de 2007 el ayuntamiento pagó 101.000 euros a la empresa de eventos Cuadrifolio por la instalación de unas carpas dentro del proyecto "Leganés, ciudad digital". De las carpas nunca más se supo y el pago realizado con muchísima premura tuvo los informes de la interventora y del secretario de la corporación en contra.

El caso Cuadrifolio derivó en una querella presentada por la Fiscalía, a raíz de una denuncia del Partido Popular, en la que se imputaba un delito de prevaricación a los miembros de la última Junta de Gobierno de la anterior legislatura. El caso fue posteriormente archivado por el TSJ al no existir acusación por parte del fiscal, y reabierto hace un par de semanas a instancias del Partido Popular.

Se da la circunstancia de que Cuadrifolio es una empresa de eventos con la que José Bono siempre ha trabajado, tanto en su paso por la Junta de Castilla-La Mancha como en el tiempo que estuvo de ministro de Defensa. Los parecidos con Gürtel son tantos que asustan.

Caso Pulido

Según denuncia Gómez el actual jefe de la policía municipal de Leganés, José Luis Pulido, lo es de forma irregular. Al parecer se le preparó una plaza a medida, adjudicada de antemano, pero Pulido cometió un pequeño error asumiendo la jefatura del cuerpo antes de que concluyese su proceso de selección, cuando se encontraba en prácticas, es decir, que al convertirse en jefe de policía no era funcionario desde un punto de vista técnico.

El caso Pulido se encuentra, como los anteriores, en manos de la Justicia. El jefe de la policía local de Leganés está imputado por la fiscalía.

Caso Eptron

Este caso es primo hermano del Cuadrifolio. Entre el 15 y el 20 de mayo de 2007, pocos días antes de las elecciones municipales, el anterior alcalde, José Luis Pérez Ráez, realizó dos adjudicaciones por un montante total de 110.000 euros con informes en contra de la Interventora municipal y del secretario. De ser cierto supondría otro caso de contratación irregular por parte del Ayuntamiento.

Montoya prorrogó el contrato que atendía a un "Taller de servicios digitales para mayores en los centros de día". Aunque en esta ocasión los servicios sí se prestaron, la adjudicación incumplía de nuevo la Ley de Contratos de la administración pública, al no haberse llevado a cabo una licitación abierta a todas las empresas interesadas en prestar este servicio.

Caso Oposiciones o Caso Bola de Cristal

El 4 de junio de 2009 Jesús Gómez, acompañado por los concejales populares Diego Alhambra y María Dolores Montoro, se presentó en un notario y le facilitó la lista completa de las diez personas que "aprobarían" el concurso-oposición libre, cuya prueba de conocimientos se iba a celebrar diez días después, el 14 de junio. En dicha acta, levantada por un notario de Madrid, se referían los nombres de las diez personas y se las citaba como "las que finalmente resultarán adjudicatarias de las plazas del proceso selectivo".

El Tribunal calificador, presidido por Rafael de la Cruz Ríos, oficializó el 1 de octubre la lista de las diez personas que lograron dicha plaza coincidiendo en los diez casos con los nombres citados en el acta notarial de 4 de junio. "La probabilidad de acertar 10 nombres de una lista de 900 es de una contra 100 mil trillones; la probabilidad de acertar una ‘primitiva’ de seis es de uno contra 14 millones; la misma que la de acertar un pleno al 15 en la quiniela", aseguró Gómez que, por descontado, carece de una bola de cristal.

Caso Solagua

Este de Solagua no es –al menos todavía– un caso de corrupción sino de mala gestión que parece sacado de un manual. Solagua era la piscina municipal más famosa y concurrida de Leganés. Al llegar el verano de 2007, con Montoya recién instalado en la alcaldía, el ayuntamiento decidió cerrarla para someterla a unas reformas. Nadie dijo nada porque, efectivamente, la piscina precisaba de algunos arreglos.

El problema vino cuando se descubrió que nadie estaba reformando nada. El complejo quedó abandonado y pronto fue presa de los vándalos. La piscina no abrió al verano siguiente, el de 2008, ni en el de 2009, ni en el de 2010. Es muy posible que tampoco lo haga en el de 2011. Solagua, antaño meca veraniega para los vecinos de Leganés, hoy se encuentra en estado de ruina. La desidia mostrada por el ayuntamiento en esta piscina pública (Leganés sólo tiene dos más) ha dado que pensar a la oposición y a los vecinos que, tal vez, detrás de todo se encuentre un pelotazo en forma de operación urbanística que hasta ahora no se ha llevado a cabo.

Caso Alvina

Virginia Moreno, antigua directora de Servicios de Información del Ayuntamiento conocida en Leganés como la bienpagá porque ganaba cerca de 80.000 euros al año, pidió al posterior adjudicatario definitivo del servicio de mensajería móvil del consistorio, la empresa Alvina Consultores, que le especificara como debía ser la valoración en el pliego de condiciones. Todo se descubrió por un intercambio de correos electrónicos denunciado por el PP.

Moreno, que se encuentra asimismo imputada por el caso Cuadrifolio, fue cesada el pasado mes de mayo.

Caso Dardo

El llamado Caso Dardo se remonta a noviembre de 2007, cuando la Junta de Gobierno aprobó por unanimidad un pago de 90.394 euros a la empresa a la empresa Dardo Producciones, en contra del informe previo emitido por la interventora municipal, y oído el informe verbal del secretario, pese a reconocer en el acta de dicha Junta que fue "visto el informe de la interventora".

El pago iba destinado a cubrir los gastos de inauguración de los locales de ensayo del Centro Primero de Mayo.

La cantidad asignada excedía a la prevista en las Bases de Contratación del Ayuntamiento de Leganés para el año 2007 que establecía en esa fecha la correspondiente licitación a partir de 12.020 euros en contratos menores de suministro, como no era el caso del expediente referido que se elevó hasta los 90.346. A partir de esa cifra, las Bases de Contratación establecen la obligatoriedad de instruir expediente de contratación y de sacar a concurso la adjudicación del servicio.