PNV y Gobierno vasco acusan al Constitucional de prevaricación "aunque no lo podamos demostrar"

L D (Agencias) El ministro de Justicia, José María Michavila, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que se hayan frenado “225 intentos de ETA” –en referencia al número de candidaturas anuladas– de “burlar al Estado de Derecho”. El cerco judicial contra el entramado político terrorista permitirá por primera vez acabar con lo feudos de ETA y a los nacionalistas les ha molestado. Tanto es así que tres figuras destacadas del nacionalismo como Atutxa (presidente de la Cámara vasca), Azkarraga (consejero de Justicia) y Arzalluz (líder del PNV) no han dudado en acusar de prevaricación al Tribunal Constitucional.

ATUTXA Y SUS SOSPECHAS La persona que mejor ampara a los parlamentarios de ETA, camuflados bajo el nombre de “Socialista Abertzaleak” negándose a aplicar la ley, se ha sorprendido de la “celeridad” con la que ha procedido el Constitucional, “como si de supermanes se tratara”. Así que le acusa de “ceder a las presiones mediáticas y de responsables del Ejecutivo”. Además dice que el hecho de que Batasuna esté ya fichada en EEUU como banda sólo conduce “al ridículo de Aznar”.

Pero para Atutxa, no habrá problema de libre tránsito para los proetarras. De hecho, dejó claro que los parlamentarios de Sozialista Abretzaleak podrán participar en los viajes institucionales de la cámara si así lo considera la Mesa.

LA JUSTICIA DE AZKARRAGA Dice que la actuación del Constitucional "nos remiten a los momentos más oscuros de la dictadura" y que "no ha hecho sino permitir que se consume este pucherazo cocinado en la Moncloa". Así que, en resumen, "estamos ante un delito de prevaricación" por parte de su presidente, Manuel Jiménez de Parga, el mismo al que trataron de recusar por analizar la realidad de las Autonomías.

Lo sintetiza en "la crónica de un atropello anunciado a uno de los cimientos del sistema de libertades". Y volvió a una de sus frases preferidas: "hoy es un día negro para las libertades civiles y ciudadanas". La misma que empleó cuando Garzón suspendió de actividades a Batasuna y cerró sus sedes. Para el consejero de EA, todo es una "estrategia de Aznar de intentar reventar la convivencia en Euskadi", pero auguró que ésta "va a estrellarse nuevamente contra la respuesta madura y serena de la sociedad vasca".

ARZALLUZ Y LA “CONDENA A MUERTE CIVIL” El presidente del PNV denuncia desde Bilbao, "aunque no lo podemos demostrar", que su partido sabe que "PP y PSOE han estado presionando a magistrados para que las cosas vayan en una línea determinada" en la ilegalización de Batasuna. Lo decía en compañía de Egibar y Olabarría. Su análisis es que se está produciendo un "grave atropello jurídico y político" que tendrá "serias consecuencias electorales y de convivencia" y que "condena a la muerte civil a decenas de miles de vascos".

Para el PNV, el procedimiento ha dejado a AuB en la "más absoluta indefensión" por "no haberse notificado a numerosas plataformas las razones que justifican su ilegalización", por "desarrollarse sus trámites en días festivos" y porque "en dos días es físicamente imposible analizar de forma jurisdiccionalmente correcta las singularidades de más de 250 plataformas".

Lo más curioso es la catalogación de fuerzas políticas que hace el PNV para criticar que "se hayan cometido tantos errores, incluyendo en el recurso a plataformas próximas a PNV, EA, Izquierda Unida y otras carentes de ideología".