Pizarro dice que él no autorizó el patrocinio de Endesa a Garzón

El ex-diputado del PP afirmó que él no se dedicaba a los patrocinios de la empresa, para lo que existía un departamento autónomo, y que nunca habló con el juez de estos asuntos. Pizarro ha declarado este martes en calidad de testigo durante hora y media ante el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que instruye la causa abierta contra  Garzón por presunto cohecho y prevaricación relacionados con su gestión de los citados cursos, que se desarrollaron en el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

Pizarro ha reconocido haber conocido al magistrado de la Audiencia Nacional "en el mundo de Madrid", en el que se suele coincidir con gente de relieve público en diversos actos, si bien nunca se ha entrevistado a solas con él ni han hablado de patrocinios, han informado fuentes presentes en la declaración.

De hecho, el ex directivo y ex diputado popular no recuerda siquiera la carta que le remitió en su día la directora del Centro de Derecho, Karen Greenberg, solicitando financiación para los cursos. Explicó que existe un departamento de patrocinios que se encargaba de estos asuntos, que no llegan al Consejo de Administración, donde se habla de temas que afectan a millones de euros, y no a cantidades como la que Endesa entregó a la entidad académica. Al frente de dicho departamento estaba el director corporativo de Comunicación, Gabriel Castro, quien ha sido llamado a declarar el próximo día 27,  que fue quien gestionó la ayuda.

Donación de 125.000 euros

La citación de Pizarro se ha producido después de que Endesa remitiera al alto tribunal diversa documentación que certifica que en abril de 2006 la eléctrica donó la citada cantidad tras recibir una carta de la directora del Centro de Derecho y Seguridad, Karen Greenberg, solicitando fondos para el patrocinio. La empresa llegó a pactar la donación de 500.000 dólares, si bien finalmente sólo entregó 125.000.

La acusación en esta causa, que ejercen los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, advirtió en su día al magistrado que una de las cartas de la Universidad que llegó a Endesa -en la que se señalaba la cuenta bancaria en la que debían ingresarse los 125.000 dólares-  fue entregada en el interior de un sobre con membrete oficial del Juzgado Central de Instrucción número 5, del que Garzón es titular, tal y como se comprueba en uno de los documentos remitidos al Supremo el director general de Asesoría Jurídica de Endesa.

La defensa de Garzón, que ejerce el ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, planteó este martes dudas sobre esta cuestión al término de la declaración, al advertir que mientras la carta de Greenberg antes señalada tiene fecha de 17 de febrero de 2006, el franqueo del sobre con membrete del Juzgado de Garzón es de 6 de marzo, por lo que duda de que la misiva llegara efectivamente en dicho sobre. A juicio de esta parte, la relación de ambos elementos puede haberse producido, por error, por parte de los servicios de auditoría de la empresa eléctrica.

Tras Pizarro declaró la secretaria de Castro, Montserrat Carrión, que era la trabajadora que recibía la documentación de la Universidad de Nueva York  para la gestión del patrocinio. Dijo no acordarse de dicha misiva y que, en todo caso, las cuestiones monetarias las llevaba un tal Alejandro, ya fallecido.

Continúan las declaraciones

Mañana está previsto que declararen ante Marchena el presidente del BBVA, Francisco González, y el ex director de comunicación de esta entidad bancaria Javier Ayuso Canals. Las declaraciones ordenadas por el magistrado concluirán el jueves, con los interrogatorios dos responsables de Telefónica: José María Sanz-Magallón Rezusta (consejero delegado de Telefónica Internacional y responsable de la oficina de Telefónica en Estados Unidos) y Loreto Pérez del Puerto (directora de relaciones corporativas internacionales de la compañía).

Todas estas comparecencias obedecen a la diligencia ordenada el pasado 10 de junio por Marchena solicitando diversa documentación a Endesa, BBVA, Telefónica y Caixa Cataluña, tras conocer que todas ellas podrían haber patrocinado cursos organizados por Garzón en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

En concreto, el juez solicitó certificación de las "cantidades abonadas por cualquier concepto, con indicación de su fecha e importe" al citado centro de Derecho y Seguridad".

El juez no ha citado finalmente a ningún responsable de Caixa Catalunya, entidad que le hizo llegar un documento en el que asegura que, "tras recabar de los departamentos de Contabilidad, Obra Social y Secretaría y Órganos de Gobierno" la información solicitada, puede asegurar que, "salvo error u omisión", no se abonó "ninguna cantidad" a la Universidad de Nueva York, al Centro Rey Juan Carlos I de España, el Centro de Derecho y Seguridad "o a cualquier otro centro o dependencia de la mencionada Universidad", entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2007".

Mazón y Panea, autores de la querella contra Garzón que tramita el Supremo, acusan al juez de haber recibido 302.000 euros del Santander para la organización de los cursos en Nueva York y después haber archivado, a su regreso a la Audiencia Nacional, una querella contra el presidente de esta entidad bancaria, Emilio Botín.