Se querellan contra las fiscales del caso Gürtel por ocultar pruebas para la defensa de Camps

El abogado del "caso Gürtel" Ignacio Peláez, que interpuso la querella admitida a trámite contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por intervenir comunicaciones de los cabecillas de esta trama con sus letrados en prisión, acusó hoy ante el Tribunal Supremo a las fiscales Anticorrupción Concepción Sabadell y Myriam Segura de ocultar una prueba clave para la defensa del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, en el asunto de los trajes de Orange Market.

Peláez presentó hoy una ampliación de su querella inicial en la que solicita al magistrado instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, que impute a las dos fiscales por permitir y beneficiarse de las escuchas acordadas por Garzón y también por ocultar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) una grabación realizada al imputado de la "Gürtel" Pedro Crespo en la que éste afirma que Camps se pagó sus trajes..

En su escrito de ampliación de la querella, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita la declaración de las dos fiscales adscritas al caso en calidad de imputadas por los mismos delitos que se instruyen contra Garzón, que son los de prevaricación y contra las garantías de la intimidad.

La conversación relativa a Camps habría tenido lugar en el centro penitenciario el 6 de marzo de 2009, en una entrevista entre Peláez (abogado del constructor José Luis Ulibarri) y Crespo en la que éste señala que el presidente valenciano "se pagó sus trajes" pese a las declaraciones de otra de las imputadas, Isabel Jordán, en sentido contrario. "Eso no es cierto, esa imputación nunca la podrán demostrar porque nos es cierto" reza la transcripción.

"Las fiscales querelladas tuvieron perfecto conocimiento de que de forma maliciosa no se enviaron estas transcripciones al Tribunal Superior de Justicia de Valencia", según la ampliación de la querella, que añade que cuando se abrió el secreto del procedimiento seguido contra Camps no constaba en el mismo la grabación hecha a Crespo, "lo que sin duda alguna las fiscales querelladas conocían, pues ya habían tenido noticia de ellas cuando los funcionarios de Policía les dieron traslado de una copia".

A juicio de Peláez, al actuar de este modo se privó a la defensa de Camps "de una prueba fundamental y esencial que podía haber aportado no sólo ante el juez instructor, ante el TSJ de la citada comunidad, sino también ante el Tribunal Supremo cuando estas mismas fiscales recurrieron el sobreseimiento que fue acordado por el tribunal superior". El alto tribunal acordó el pasado día 12 anular dicho sobreseimiento y devolver la causa contra Camps a Valencia para que siga siendo investigada.

Se acusa además a Sabadell y Segura de actuar de forma irregular desde el inicio del procedimiento contra la presunta trama de corrupción ligada al PP, por interponer directamente su denuncia en el Juzgado de Garzón, en vez de mandarla al turno reparto en este órgano, alegando su conexión con una causa precedente ("caso BBVA") que no era tal.

"La única relación entre los dos casos era que el titular del despacho donde se hizo la entrada y registro había sido asesor del señor Correa (Francisco, presunto cabecilla de la trama corrupta) y al mismo tiempo tenía clientes con cuentas en el BBVA", añade la querella.

Recuerda el abogado querellante que la única parte del procedimiento que puede tener conocimiento del secreto sumarial es el Ministerio Fiscal, y que las fiscalas del caso eran "plenamente conscientes" de que las resoluciones dictadas por Garzón para escuchar a los abogados "eran contrarias a la Ley". "Y no sólo no recurrieron, sino que incluso cuando por el Juzgado se les propuso la prórroga del auto inicial del 19 de febrero de 2009, no se opusieron a la misma", añade.

Para Peláez, las escuchas que se le realizaron a él en prisión perjudicaron gravemente a su cliente, "pues en ellas se desvelaba cuál iba a ser el contenido de sus respuestas, la forma de defenderse, en una palabra, cuál iba a ser su estrategia de defensa".

"A pesar de se conocedoras de esta circunstancia, no velaron por las garantías del imputado ni por el cumplimiento de la ley y permitieron que se produjera esa declaración en tales condiciones, valiéndose no solamente el juez y la Policía, sino también ellas mismas, de información y datos obtenidos de forma claramente ilícita", agrega el escrito de ampliación.

Finalmente, el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional acusa a las fiscales Anticorrupción por no actuar frente a una diligencia dictada por Garzón hace unas semanas en la que el juez suspendido de la Audiencia Nacional remite al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) diversa documentación, piezas y tomos del "caso Gürtel" a pesar de haber transcurrido ya casi un año desde que se inhibiera del caso.

"Las fiscales querelladas facilitaron, colaboraron, permitieron y consistieron que el instructor querellado (Garzón) pudiera tomar las decisiones ilegales ya reseñadas", "y además también tuvieron conocimiento del contenido de las comunicaciones intervenidas ilegalmente e hicieron uso de ellas para llevar a cabo sus imputaciones contra nuestro representado", concluye el escrito.