En un documento remitido al Consejo el pasado viernes, los letrados justifican su petición en el hecho de ser parte en la querella contra Garzón ya que, pese a ser archivada, motivó la apertura de la investigación por el CGPJ.
El pasado día 10, el órgano de gobierno de los jueces abrió diligencias de investigación por el cobro por parte de Garzón de algo más de 200.000 dólares durante su estancia académica en Estados Unidos, entre marzo de 2005 y junio de 2006, a la vista de un auto dictado un día antes por el Tribunal Supremo que se sugiere que el magistrado podría haber incurrido en una falta disciplinaria "muy grave" al no haber comunicado dicha circunstancia al órgano de gobierno de los jueces.
Según los abogados y el Supremo, Garzón podría haber incurrido en ocultación de datos en obtención de ayudas económicas (artículo 417.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) que se inicia en marzo de 2005, cuando empieza a recibir el segundo sueldo del Centro de Derecho y Seguridad de la Cátedra Rey Juan Carlos, y concluye cuando deja de percibir el sueldo en junio o julio de 2006.
El juez no solicitó la compatibilidad
Igualmente consideran que merece una sanción muy grave que Garzón no solicitara la autorización de compatibilidad en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de junio de 2006 para realizar una actividad remunerada con cargo a entidad privada. Se trata de una falta de incumplimiento inexcusable de deberes profesionales o judiciales señalada en el artículo 417.14 de la LOPJ., según esta parte.
Además, piden responsabilidades disciplinarias al magistrado por Infracción del deber de abstención en la querella dirigida contra directivos de la entidad patrocinadora de los dos cursos dirigidos por el denunciado (Diálogos Transatlánticos y Derechos Humanos en Latinoamérica)"en los que este obtuvo ventajas directas como aumento de su prestigio y de su influencia internacional".
En su querella inicial ante el Tribunal Supremo, que fue archivada, el abogado Panea acusó a Garzón de cohecho y prevaricación por haber recibido supuestamente 1,7 millones de dólares del Banco Santander Central Hispano (BSCH) por la presentación de un ciclo de conferencias en Estados Unidos, celebrado durante la licencia por estudios de la que disfrutó el juez en dicho país, y luego archivar una causa judicial contra la entidad bancaria.
El Supremo apunta a una "falta muy grave"
Ahora, el CGPJ se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo le remita determinada documentación que le fue enviada por la Universidad de Nueva York en el curso de la tramitación de la querella antes señalada. Los documentos especifican las cantidades relacionadas con la estancia del magistrado en este centro académico.
En el auto de archivo, el alto tribunal considera que los hechos denunciados por el letrado alicantino carecen de relevancia penal, si bien advierte que la ocultación por parte del juez de las cantidades que percibió del Centro Rey Juan Carlos I de España y el Centro de Derecho y Seguridad de la universidad de Nueva York podría ser determinantes de responsabilidad ante el CGPJ.
Por otra parte, apuntaba el Supremo que la Ley orgánica del Poder Judicial sanciona en su artículo 417.11 como falta muy grave "faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos", y que habría que investigar el caso porque cuando Garzón pidió prórroga de licencia tras su primera etapa en EE.UU. "no consta que hiciese advertencia alguna sobre la naturaleza y cantidad de los ingresos percibidos y gastos que le fueron satisfechos".
Así, el auto explicaba que el Centro Rey Juan Carlos asumió el pago de gastos de viaje por 21.152 dólares y la escolarización de la hija de Garzón en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. Además, El Centro de Derecho y Seguridad pagó a Garzón otros 160.333,14 dólares por organizar los cursos denominados "Diálogos Transatlánticos" y "Seguridad Jurídica".