Tal y como explica Fernando Lázaro en la cuarta entrega consecutiva en El Mundo de su serial sobre el chivatazo a ETA, el ministro Rubalcaba recibió una apropiada filtración desde el juzgado de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional que le permitió, con buenos reflejos políticos, destituir al director general de la Policía sólo cuatro días después de que un informe policial implicase a García Hidalgo en el caso del chivatazo.
El informe policial elaborado por los agentes que investigaban el caso llegó al juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, al que ya se había reincorporado Baltasar Garzón, el 4 de septiembre de 2006.
A pesar de que se mantenía secreto el sumario la información llegó al ministerio del Interior rápidamente y permitió a Rubalcaba actuar con una sorprendente y poco casual celeridad, el día ocho era cesado el hasta ese momento director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, directamente señalado en el informe como uno de los responsables del chivatazo.
Las investigaciones sí habían mantenido su hermetismo hasta ese momento, durante la instrucción llevada a cabo por el juez Grande Marlaska, pero este secreto se quebró al poco de recuperar Baltasar Garzón su puesto en el juzgado tras su polémico periplo en Estados Unidos. De hecho, es la última que se conoce de un largo historial de filtraciones desde el juzgado de Garzón que ha tenido un punto culminante en todo lo relacionado con el caso Gürtel.
En ese mismo momento Rubalcaba aprovechó para cambiar de puesto a otro importante mando policial, el hasta entonces comisario general de Información, Telésforo Rubio, también en el centro de la polémica por diversas actuaciones en el 11M y otros casos.
En posteriores investigaciones lo policías afirmaron que sólo había tres copias del citado informe, una entregada al propio Garzón, otra al director adjunto operativo de la Policía y una tercera que quedó en manos del inspector jefe Carlos G., el responsable de la investigación.