Para adjudicar a dedo, la Junta fraccionó contratos ilegalmente

La Consejería de Justicia evitaba los concursos abiertos, que tienen publicidad, competencia y demás requisitos de la transparencia mínima, con el fraccionamiento de contratos a los que hacía bajar su importe por debajo de los 30.050 euros, cantidad que permite la adjudicación directa.

Cuenta La Razón que el informe de la Cámara de Cuentas de 2007 sobre «Cuenta General, Contratación Administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial» avisó de que distintos expedientes analizados de la Consejería de Justicia y Administración Pública (de la que era titular entonces María José López) «pudieron constituir un supuesto de fraccionamiento del objeto del contrato». Esto vulneraría lo dispuesto en el artículo 68 de la LCAP (Ley de Contratación de la Administración Pública). Establece que no podrá fraccionarse un contrato para disminuir la cuantía del mismo y eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia.

La LCAP permite un procedimiento negociado de adjudicación (sin concurso público)  cuando el contrato no supere los 30.050,61 euros. Pero observa en este sentido la Cámara de Cuentas que dos de los contratos, «Sistema integral de gestión de preguntas procedentes del Defensor del Pueblo» y «Sistema integral de preguntas parlamentarias procedentes del Parlamento», no se tramitaron de forma conjunta, pese a tener «similar objeto» y en ellos «se propone invitar a las mismas tres empresas (dos de ellas declinan la invitación), adjudicándose los dos en la misma fecha y a la misma empresa por idéntico importe de 29.810 euros», eludiéndose de este modo la libre competencia.

Además, la Consejería no acredita documentalmente que la única oferta presentada cumple todos los puntos exigidos en el pliego de criterios de adjudicación.

Lo mismo ocurrió en los expedientes ‘Servicio de apoyo para la homogeneización de contenidos de las tablas básicas de las aplicaciones de gestión procesal’ y ‘Servicio de apoyo para la homogeneización y actualización de las colecciones de modelos de documentos de las aplicaciones de gestión procesal’». También se tramitaron en fechas paralelas y se adjudicaron en la misma fecha a idéntica empresa por el mismo importe de 29.900 euros.

También sucedió en la contratación de suministro de servidores para las delegaciones provinciales. «Se trata de expedientes que con objetos similares se adjudicaron en la misma fecha a idéntica empresa por el mismo importe de 30.000 euros». «Todos los contratos citados con idéntica prestación podrían haber formado parte de un expediente único que se hubiese tramitado por un procedimiento de libre concurrencia por importe global».

Y claro está, la Cámara de Cuentas toma nota de que «en muchas ocasiones, observadas sobre todo en la Consejería de Justicia, se produce que dos de las tres empresas invitadas declinan la invitación recibida, siendo la adjudicataria la única oferta que consta en el expediente».

Si sólo fueran esos casos, podría considerarse algo penoso pero inhabitual. Sin embargo, el 58,2 por ciento de todos los contratos de la Administración durante el 2007 se hicieron a través del procedimiento negociado, lo que equivale al 25 por ciento de todo el dinero gastado. El trámite de concurso por procedimiento abierto ascendió, sin embargo, al 36,7 por ciento. La cuantía sí es es muy superior (65,5%) porque se trata de las contrataciones de más envergadura. El procedimiento negociado se puede llevar a cabo bajo varios supuestos: imperiosa urgencia, proveedor único, falta de proposiciones, bienes homologados o presupuesto inferior a 30.050,61 euros. La Cámara de Cuentas detecta abuso injustificado en todas estas vías de contratación. 

El caso más reciente de posible fraccionamiento de contratos lo detectó la Cámara de Cuentas en un informe de fiscalización de las empresas Sandetel y sus filiales Sadesi y Citandalucía de donde eran consejeros ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluido el ex portavoz del gobierno de Manuel Chaves, Rafael Camacho,  y un primo de Gaspar Zarrías.  Pese a que la Cámara de Cuentas dejó claro la posible vulneración legal, el Gobierno andaluz no detectó ninguna irregularidad y rechazó la apertura de una auditoría. El PP  dijo llevará el caso a los tribunales e instó a la Fiscalía a que intervenga de oficio.