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Otro escándalo, el caso Nevada, amenaza a la Junta de Andalucía

Los tres principales imputados del caso Nevada, que se enfrentan a una posible condena de cárcel son el ex alcalde socialista de Armilla, José Antonio Morales Cara; el ex concejal socialista de Urbanismo, Gabriel Cañavate, y el promotor Tomás Olivo, que también está imputado en el caso Malaya.

Los tres principales imputados del caso Nevada, que se enfrentan a una posible condena de cárcel son el ex alcalde socialista de Armilla, José Antonio Morales Cara; el ex concejal socialista de Urbanismo, Gabriel Cañavate, y el promotor Tomás Olivo, que también está imputado en el caso Malaya.

Este martes comenzaron sus declaraciones en la primera sesión del juicio y, según recoge toda la prensa andaluza, incluida la afín al PSOE, señalaron a la Junta de Andalucía que, según dicen, permitió verbalmente que se hiciera un centro comercial en la localidad granadina a pesar de ser, como se ha visto, manifiestamente ilegal. En la acusación particular está el Partido Popular pero también Los Verdes, Ecologistas en Acción y Arquitectura y Compromiso Social. 

Los políticos socialistas pueden ser condenados a dos años de cárcel y más de 20 de inhabilitación por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Para el promotor Olivo, por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave, la condena podría ser de 26 meses de cárcel más multa de 10.800 euros.

Los políticos el antiguo alcalde y el ex concejal de Urbanismo y vicepresidente de la Diputación en el momento de la aprobación de la obra, han señalado la actuación de la Junta de Andalucía como responsable de la actual situación, manteniendo que el Ayuntamiento obró siempre dentro de la legalidad y atendiendo a las "precisiones" que no "objeciones" de la Delegación de Obras Públicas de Granada.

Olivo, cuenta El Mundo, preguntado sobre la diferencia de tamaño entre el primer borrador del Nevada, en 1996, y el construido, aludió que General de Galerías Comerciales S.A se vio "obligada" por la Administración a aumentar la superficie. Según su explicación, la Comisión Asesora de Comercio Interior, órgano dependiente de la Consejería de Turismo y Comercio, que habría "recomendado" a la empresa que "transformase" el centro comercial para que fuese de "carácter comarcal, y no local", ante lo que Olivo declaró que "no hubo más que adaptarse".

El juicio continuará hasta el próximo 27 de mayo en la Audiencia Provincial de Granada. Durante esta semana, previsiblemente, terminarán los testimonios de los imputados, para luego dar paso a los testigos, entre los que destaca el abogado municipal que redactó el polémico "informe fantasma". 

Un resumen del caso Nevada

Ciudadanos por Granada aporta que el proyecto básico y de ejecución del centro comercial, firmado en julio de 2005, obtuvo una licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Armilla que, según lo expertos, "debe ser considerada ilegal" porque se han cometido irregularidades desde su gestación hasta su construcción. En el informe abundan estas afirmaciones: "carencia de base legal alguna" "Cúmulo de irregularidades", "nula de pleno derecho"...

El proyecto "sustituyó" a otro de 2001, y en él según los informes emitido, vulneraba ocho puntos de calado. El informe dice que no se comprende "cómo con un cúmulo tal de irregularidades pudieron proceder a la concesión de licencia de obras por parte del Ayuntamiento"

Entre las anomalías destacaban:

  • Ocupación de espacios libres y suelo no urbanizable. Se cuantifica una pérdida de casi 40.000 metros cuadrados, entre suelo público y no urbanizable. (zonas verdes y de servicios anuladas por la construcción, las zonas destinadas a otras dotaciones y un camino público; el Camino Viejo de Alhendín). Esta cifra se correspondería con el mínimo establecido por ley, pero al tratarse de un proyecto de "enorme tamaño y gran intensidad", los mínimos no son adecuados. A más masa de ladrillo, mayor espacio para otros usos debería preverse para compensar.
  • Se le da licencia aun "sin respetar el 50% de ocupación máxima que ampara la ordenanza".
  • En cuanto a terrenos, los expertos afirman que constituyen parcelas con distinta catalogación, por lo que no se podía otorgar una licencia para un único edificio, como se hizo.
  • La cesión obligatoria del 10% de los terrenos, al no existir proyecto en el que se materialice ésta, no queda justificado cómo se ha llevado a cabo
  • Los informes previos de Medio Ambiente y Economía para conceder la licencia se hicieron en base al proyecto presentado en 2001 y no al definitivo –y distinto– del 2005. Además los proyectos mencionados ya estaban caducados.
  • En julio de 2005 se aprobó definitivamente el plan parcial B sobre el que se construiría el centro comercial, pero no prevé algo establecido por ley: zonas verdes, aparcamientos públicos o servicios de interés público y social.
  • Sobre la altura, se ha permitido un criterio que permite que el edificio esté por encima de lo legal, por ejemplo, la planta sótano tiene el techo 4,8 metros por encima de la calle colindante.

En resumen: en el caso Nevada, según los técnicos "se ha prescindido absolutamente de los procedimientos de gestión urbanística exigidos por la ley", por lo que desde un punto de vista técnico y urbanístico, "se podría afirmar que es posible, en primer lugar, la demolición completa de lo construido sobre la base del cúmulo de sucesivas irregularidades cometidas". Por otro lado, se habló incluso de la posibilidad de un demolición parcial orientada a restablecer "el orden jurídico perturbado" y creen que sería conveniente derruir la parte que no se ajuste a la norma vigente. Y esto incluye la altura y los citados terrenos ocupados de forma ilegal.

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