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Otegi y Salaberría declaran este miércoles en la Audiencia Nacional

Los ex parlamentarios de ETA-Batasuna, Jon Salaberría y Arnaldo Otegi, declaran este miércoles como imputados en relación con el pago del llamado "impuesto revolucionario" por parte de empresas extorsionadas por ETA ante el juez de la Audiencia Nacional en la causa de las "herriko tabernas" así como por la subordinación de Batasuna a ETA.

Los ex parlamentarios de ETA-Batasuna, Jon Salaberría y Arnaldo Otegi, declaran este miércoles como imputados en relación con el pago del llamado "impuesto revolucionario" por parte de empresas extorsionadas por ETA ante el juez de la Audiencia Nacional en la causa de las "herriko tabernas" así como por la subordinación de Batasuna a ETA.
L D (Agencias) Según informaron fuentes jurídicas, Salaberria tendrá que contestar tanto a las preguntas que se le formulen en relación con el sumario en el que se investiga la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la banda a través de las "herriko tabernas" como a otras sobre su presunta participación en la extorsión terrorista a empresas. Las dos causas comenzaron a ser instruidas por el juez Baltasar Garzón y continúan siendo investigadas por su sustituto, Fernando Grande-Marlaska. Las fuentes consultadas consideran que Salaberria es una de las personas del entorno de ETA con las que los empresarios extorsionados se ponían en contacto para que transmitiera a la dirección de la banda su disposición a pagar.
 
Fuentes jurídicas consideraron improbable que el fiscal solicite prisión para alguno de los dos imputados, debido al tiempo que llevan abiertas las investigaciones en las que están implicados, aunque es posible que se les impongan ciertas medidas cautelares menores, como la prohibición de salir del territorio nacional y retirada del pasaporte. Otegi, por su parte, señaló este miércoles que su citación en la Audiencia Nacional "tiene mucho más contenido mediático que jurídico". El líder de Batasuna no perdió tampoco la ocasion para ironizar: "Siento mucho que el señor Garzón no esté presente", porque "ha estado esperando muchos años esa foto, y parece ser que no le va a tocar a él sacarse la foto".
 
En abril del año pasado, Garzón dejó en libertad bajo fianza de 20.000 euros a seis ex directivos de Azkoyen, incluido su ex presidente, José María Careaga, después de tomarles declaración en relación con el pago a ETA de 222.374 euros en 2001. Los ex responsables de la empresa navarra -a quienes el juez imputó un delito de allegamiento de fondos a organización terrorista- admitieron ante el magistrado haber ordenado que se hiciera entrega de la citada cantidad de dinero a la banda terrorista, aunque aseguraron que lo hicieron por miedo. El 1 de abril de ese mismo año, Garzón había ordenado el ingreso en prisión del profesor de la Universidad del País Vasco (UPV) Alfonso Martínez de Lizarduy, supuesto mediador entre Azkoyen y ETA en el pago del llamado "impuesto revolucionario", aunque catorce días después le dejó en libertad bajo fianza de 30.000 euros por motivos de salud.

Las investigaciones partieron de la intervención, en 2001, de una comunicación interna de ETA dirigida a "Otsagi" (Juan Antonio Olarra Guridi, responsable del aparato de grupos operativos de la banda terrorista y encargado del cobro y gestión del llamado "impuesto revolucionario"), en el que se hacía referencia a la satisfacción por Azkoyen S.A. de la "deuda que tenían con nosotros". Este documento, firmado por "Getzi" (aparato de administración económica de ETA) guardaba correspondencia, según el juez, con otro del mes de diciembre de 2001 dirigido a la misma persona ordenando "quitar de la lista a Azkoyen (...), ya que han liquidado la deuda que tenían con nosotros".

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