(Libertad Digital) La Policía ha clausurado y precintado este mediodía, por orden del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la oficina que la ilegalizada Batasuna-ETA utiliza en Pamplona, ubicada en la calle Marcelo Celayeta. Se trata en concreto de la oficina 2A-52 del edificio IWER. La puerta de la sede se ha precintado con cinta adhesiva de la Dirección General de Policía y se han colocado dos carteles con la advertencia de que "quien violente esta clausura y precinto incurrirá en la correspondiente responsabilidad penal".
Como se recordará, en este mismo edificio se encontraba la anterior sede de Batasuna, también clausurada tras el auto del juez Garzón de agosto de 2002. Desde hace unos meses, la formación ilegalizada venía convocando ruedas de prensa en la oficina precintada. El delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad foral tras conocerse el auto contra Batasuna dictado por el juez Fernando Grande-Marlaska.
En el País Vasco, agentes de la Ertzaintza procederán a precintar las sedes de Batasuna después de que el Departamento vasco de Interior recibiera un auto aclaratorio en el que se precisaba qué locales de la formación abertzale debían proceder a clausurarse. Fuentes del Departamento de Interior manifestaron a Europa Press que la orden del juez Fernando Grande-Marlaska contenía un error en la identificación de una de las sedes, ya que, en estos momentos ya no existe. Por ello, hoy mismo se ha remitido el auto aclaratorio especificando cuáles son los locales utilizados en la actualidad por la formación ilegalizada. Los mismos medios no precisaron en qué momento se llevará a cabo el precinto de las sedes ni cuáles quedarán cerradas. Además, agregaron que, de momento "no se ha cerrado ninguna" y que la operación se desarrollará en colaboración con la Audiencia Nacional.
Casi a la misma hora se conocía que la Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado ordenar la repetición del juicio al portavoz de la ilegalizada Batasuna-ETA, Arnaldo Otegi, en el que había sido condenado a 15 meses de cárcel por el enaltecimiento del terrorismo, al considerar que, en dicho proceso, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco vulneró el derecho al juez imparcial que asiste al acusado. El Alto Tribunal establece que el juicio se repita ante una nueva sala del mismo Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El motivo de anulación del anterior fallo es que dos de los magistrados del TSJ que dictaron la sentencia intervinieron "de forma relevante en el trámite procesal anterior al juicio", según el Supremo.
Otegi fue juzgado por su participación el 30 de julio del 2001 en los funerales por Olaia Castresana, fallecida en Torrevieja (Alicante) al estallar los explosivos que manipulaba en un piso, y fue condenado por el TSJPV a 15 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación. El ex parlamentario de Batasuna-ETA, que portó el féretro de Castresana en el acto celebrado en el cementerio de Polloe, de San Sebastián, pidió "un aplauso para todos los gudaris (soldados vascos, en vez de asesinos) que han caído en esta larga lucha por la autodeterminación". El TS toma esta decisión de acuerdo con la tesis del fiscal, que en su informe se adhería a uno de los motivos del recurso de Otegi al considerar que el TSJ del País Vasco vulneró su derecho a un juicio justo.
Inadmisión de la querella por prevaricación
Mientras, el Tribunal Supremo (TS) ha acordado la inadmisión a trámite de la querella por un delito de prevaricación que presentó este martes Batasuna contra Grand Marlaska, que ha ordenado la suspensión de actividades por dos años de la formación ilegalizada. El TS considera que "los hechos objeto de la misma no son constitutivos de delito". La querella fue interpuesta por Batasuna alegando que la decisión del juez de revisar la suspensión de actividades de la formación, que caducó el pasado verano, era premeditada e injusta.
El Alto Tribunal argumenta que el auto del juez en el que acordó pedir información a la Policía y a la Guardia Civil sobre el posible desarrollo de actividades de carácter político por parte de Batasuna, tildado de "resolución injusta y prevaricadora" por la formación ilegalizada, "es una aplicación correcta de los artículos 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 129.2 del Código Penal, toda vez que se deriva de una interpretación literal de dichas disposiciones". "Por lo tanto, no puede configurar una resolución injusta", indica.