L D (EFE) Ortega Lara participó en calidad de testigo en la vista celebrada este viernes en la Audiencia Nacional contra los ex dirigentes de ETA Julián Atxurra Egurola, "Pototo", y Juan Luis Agirre Lete, para los que la Fiscalía pide 32 años de prisión por haber presuntamente ordenado el secuestro del funcionario de prisiones.
Preguntado acerca de lo que ocurrió la tarde del secuestro, el 17 de enero de 1996, Ortega Lara se remitió a sus declaraciones anteriores y apuntó que no le era posible “entrar en detalles”. Aseguró que no recordaba si durante el tiempo que estuvo apresado había oído el apodo de los acusados o quién iba a ser el encargado de decidir el desenlace final de su cautiverio.
A continuación manifestó su malestar por haber tenido que levantarse a las cinco y media de la mañana y recorrer más de 500 kilómetros para personarse en el lugar y, una vez allí, tener que esperar en una sala durante tres horas y media para prestar declaración en vez de haberlo hecho por exhorto. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, se disculpó por las molestias que le hubiesen podido ocasionar, pero aclaró que su testimonio se trataba de una petición de la acusación.
En el juicio, el fiscal sostuvo que tanto Julián Atxurra Egurola, "Pototo" como Juan Luis Agirre Lete, "como miembros del aparato directivo de la banda terrorista", en 1987 entregaron 30 millones de pesetas a los miembros del comando que luego llevaría a cabo el secuestro para que acondicionaran un "zulo".
Los etarras Jesús María Uribetxeberria, Xabier Ugarte, José Luis Erostegi y José Miguel Gaztelu, que en 1998 fueron condenados a 32 años de prisión por el secuestro del funcionario de prisiones, alquilaron con ese dinero una nave en la localidad guipuzcoana de Mondragón en la que constituyeron la empresa Jalgi, en principio dedicada a la fabricación de piezas de repuesto.
Sin embargo, y siguiendo las órdenes recibidas, "en el verano de 1988 excavaron en el suelo de la nave y realizaron un "zulo" de cinco metros cuadrados donde esconderían las armas y los explosivos destinados a los comandos de ETA que actuaban en las zonas de Bergara y Mondragón".
Al cabo de cierto tiempo, "Pototo" les comunicó que el "zulo" debía cambiar de función "y que había que destinarlo para ocultar a personas secuestradas por la banda terrorista". Así, varios meses después, y concretamente tras el secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora, "decidieron ampliar la cueva hecha en la roca" y construyeron un segundo habitáculo de 3,5 metros cuadrados que recubrieron con un toldo, un forro de plástico, aislante acústico y madera para evitar la humedad que se filtraba del río Deba.
"Tanto los gastos de alquiler de la nave como los originados por la construcción de los sucesivos "zulos" y el mantenimiento del comando fueron sufragados por la banda criminal ETA a través de sus jefes escondidos en territorio francés y que ahora son juzgados", afirma el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.