Olabarría arremete contra la Audiencia Nacional por decretar el embargo a los asesinos de Baglietto
El Partido Nacionalista Vasco se ha vuelto a posicionar contra las víctimas del terrorismo. El portavoz parlamentario, Josu Erkoreka, ha dicho que el embargo de los bienes de los etarras que asesinaron a Ramón Baglietto (que no se han arrepentido) debe tener un límite, para permitir su reinserción en la sociedad. Mientras, Emilio Olabarría, el que fuera portavoz en la comisión del 11-M, ve "inusual" y de "dudosa legalidad" la medida y pide que la Audiencia Nacional no enjuicie los casos de terrorismo. San Gil ha denunciado que los nacionalistas están "más preocupados por los verdugos que por sus víctimas".
El nacionalista aprovechó para calificar de "inusuales" algunas de las decisiones que están tomando la Audiencia Nacional". "En la Audiencia nos estamos encontrando con más frecuencia de lo deseable con actuaciones jurisdiccionales peculiares, casi siempre vinculadas a procedimientos por terrorismo", dijo, tras expresar sus "dudas" por el hecho de que "sea un órgano especial como éste el que siga entendiendo sobre estas causas".
"Más preocupados por los verdugos que por las víctimas"
Sobre las declaraciones de los dos líderes nacionalistas, la presidenta del Partido Popular del País Vasco, María San Gil, señaló que el PNV "prefiere que los verdugos dispongan de bienes que resarcir económicamente a las víctimas" del terrorismo etarra. San Gil criticó que a dicho partido "le parezca mal que se embarguen bienes a los que han asesinado y diga que eso debe tener un límite". "Están mucho más preocupados por los verdugos que por las víctimas", lamentó la dirigente popular.
La valoración de los nacionalistas llegó dos días después de que este tribunal diera una orden de embargo sobre los bienes de los dos etarras que, pese a que se declararon insolventes y no pagaron las indemnizaciones por el crimen, establecieron sendos negocios en Azkoitia, tal y como denunció Pilar Elías, viuda del asesinado. Los bienes embargados irían a parar al Estado, que tuvo que hacer frente al pago de las indemnizaciones a la familia de Ramón Baglietto.
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