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"Nosotros compramos el coche pero ellos han estado atropellando personas"

Pons aseguró que el PP se ha enterado ahora del uso de SITEL debido al uso "secreto" y "oculto" que le está dando el Gobierno desde el 2004. Califica de "indiscriminado" e ilegal el uso de un sistema que, en todo caso,  "debe estar en manos de los jueces y no de Rubalcaba".

"No sabemos dónde está el centro de interceptación,. no sabemos quién dirige el centro de interceptación, las llamadas que se están grabando no están certificadas, no llevan firma electrónica, nadie sabe como funciona el sistema", argumentó en declaraciones a Telecinco.

Asimismo, González Pons explicó que el PP compró el sistema SITEL pero que no lo puso en funcionamiento para "más allá de algunas pruebas" porque recibieron "22 informes jurídicos" que alertaron de que se trataba de un sistema "ilegal". "Nosotros compramos el coche pero ellos han estado atropellando personas con ese coche. Es quién lo ha usado quién tiene que explicar porqué lo ha usado", criticó.

Por otro lado, el dirigente popular advirtió que el uso de SITEL puede provocar que "cientos de procesos penales" de los últimos seis años "acaben siendo anulados porque Rubalcaba y el Gobierno socialista han mantenido un sistema ilegal de escuchas" que, a su juicio, ha desprovisto a los españoles de "su derecho a la seguridad de las comunicaciones" y de "su derecho a la intimidad".

Preguntado sobre si cree que puedan quedar invalidadas pruebas existentes contra cargos del PP relacionadas con el 'caso Gürtel', declaró que no tiene "esa esperanza" y que pueden quedar invalidadas pruebas "que tienen que ver con todos los casos".

Dicho esto, insistió en que como en España el artículo 81 de la Constitución obliga a que cualquier limitación de derechos fundamentales sea regulada mediante una ley orgánica el problema no es el sistema en si, sino que "debería estar regulado por ley orgánica" y "en manos de los jueces  y no en manos de Rubalcaba". Según González Pons, si se cumplieran estas condiciones "el sistema sería aceptable".

Finalmente, recordó que en el año 2006 se presentó "una denuncia ante la Fiscalía de Madrid, que conoce el fiscal general del Estado", la cual "no han atendido". "Me llama la atención que en este caso Rubalcaba y los socialistas estén intentando juzgar las intenciones del denunciante. No juzguen mis intenciones, pueden ser las mejores o las peores. Juzguen lo que denunció", apostilló.

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