L D (EFE) Una nueva Asociación Canaria de Víctimas de Terrorismo (Acavite) defenderá el derecho a ser reconocidos como tales de diversos residentes en el Archipiélago que hasta el momento no han recibido compensación moral o económica alguna por la lejanía o por no ser afectados de ETA. Así lo anunció este sábado el portavoz de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo, Roberto Manrique, al presentar en Las Palmas de Gran Canaria esta iniciativa que respalda su organización, en una rueda de prensa que ofreció junto a algunos de los afectados de las islas o sus familiares.
Personas que han quedado en el anonimato, muchas veces por "conveniencias políticas del momento" o por una lejanía de la España peninsular que les ha llevado a desistir de exigir sus derechos y, en casi todos los casos, por haber sufrido daños a manos del Frente Polisario, cuando reclamaba con las armas en los años setenta y ochenta la soberanía de las tierras y aguas del Sahara. Pescadores con secuelas físicas y psicológicas que persisten tres décadas después de que sus barcos fueran ametrallados, secuestrados o destruidos, trabajadores de empresas españolas cuyas instalaciones o vehículos fueron objeto de atentados y también familiares de unos y otros conforman el colectivo que ahora reclama igualdad con las demás víctimas del terrorismo reconocidas en España.
Una igualdad a la que Roberto Manrique aseguró que tienen derecho esos afectados de Canarias, como otros muchos que su organización cree que existen en las islas y aún no se han dado a conocer como tales públicamente, porque son "tan víctimas de actos terroristas como cualquiera, aunque no lo hayan sido de ETA".
"No son menos víctimas del terrorismo por no ser víctimas de ETA"
En este punto, el portavoz de la federación de asociaciones autonómicas quiso subrayar que ésta defiende por igual a todas las víctimas, incluso cuando éstas han sufrido ataques no reivindicados por nadie, frente a la postura de otras organizaciones que sólo admiten como afiliados a afectados de ETA y a los supuestos de la Ley de Solidaridad con las Víctimas que impiden su reconocimiento. Reconocimiento al que, como víctima del histórico atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona, opinó que tienen tanto derecho como él mismo personas como Pedro Alberto Alemán, un pescador canario al que secuestró el Frente Polisario durante nueve meses en el año 1980 sin que ni las autoridades ni su empresa le compensaran en modo alguno.
Razones de conveniencia política, ya que el Gobierno español no quería reconocer entonces al Polisario como interlocutor y calificaba como "materia secreta" sus acciones violentas, sin admitir siquiera su existencia oficialmente, determinaron ese "olvido" de los padecimientos de Alemán. Un hombre que, tras vivir cautivo cerca de un año en el desierto, regresó a su casa, donde su mujer y cinco hijos sobrevivían "de limosnas", enfermo de hepatitis, sin empleo y sin compensación alguna, según él mismo relató.
Reiterados intentos por lograr un reconocimiento a su situación y una indemnización económica y moral por los daños sufridos no han dado resultado ninguno hasta el momento, recalcó el afectado, que, no obstante, dijo mostrarse ahora confiado en conseguir su meta, con el apoyo de la federación de Roberto Manrique. Este explicó que a ese esperanza contribuye la próxima modificación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo que prepara el Gobierno, que dijo permitirá equiparar en toda España a afectados que destacó "no lo son menos por no ser víctimas de ETA".