Matsa pagó menos a la Junta en avales que sus competidoras

LD (Pedro de Tena) Según los datos facilitados por las propias compañías y por la Junta de Andalucía, Minas de Aguas Teñidas, S.A.,MATSA, la empresa apoderada por Paula Chaves, hija del vicepresidente tercero del gobierno, Manuel Chaves, pagó poco más de 17 millones de euros en avales medioambientales mientras que sus competidoras pagaron una cantidad de dinero muy superior.

En  el caso de la compañía Cobre las Cruces pagó por el mismo concepto 78,8 millones y su otra competidora, Emed Tartessus, en cuyo consejo aparecen destacados socialistas adversarios de Manuel Chaves, 24 millones más una póliza sobre las balsas de 40 a 70 millones de euros. Como es sabido, Chaves sólo acudió a la inauguración de MATSA, la empresa de Paula Chaves.

La mayor mina a cielo abierto de Europa va a ser de Cobre las Cruces, enclavada en el área metropolitana de Sevilla, a caballo entre Gerena, Salteras y Guillena. Está previsto que comience su producción en junio de 2009 si supera las numerosas dificultades puede que así sea.  Las obras de excavación de la corta de Las Cruces fueron paralizadas por la Junta de Andalucía, pero ya tiene permiso para continuar con los trabajos –que estaban en su recta final– y empezar a producir cobre.

Fue la empresa Riomin Exploraciones, subsidiaria del grupo Río Tinto, la que solicitó los derechos de exploración en el enclave, obtenidos en 1992. Dos años más tarde se encontró la veta de cobre. Tuvo graves problemas con los propietarios de los terrenos hasta que se hicieron finalmente con 860 hectáreas en el año 2006.

Al estar situada cerca de donde se  produjo el vertido tóxico que provocó la rotura de la balsa de la antigua mina de Boliden en Aznalcóllar, Cobre las Cruces tuvo que depositar como garantía 78,8 millones de euros en avales por si ocurría algo. La empresa obtuvo la declaración de impacto ambiental en 2002, la concesión de explotación de la mina en 2003, la autorización de uso de las aguas residuales urbanas de la depuradora del barrio de San Jerónimo (Sevilla) en 2004 y el plan especial de la Ley del Suelo y la autorización ambiental integrada en 2005, además de otras licencias y permisos durante esos años.

Sin embargo, el visto bueno para explotar el acuífero Niebla-Posadas, autorización que fue revocada en mayo de 2008 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)  al considerar que se estaba incumpliendo el sistema de protección y que se habían contaminado las aguas subterráneas con sustancias tóxicas, lo que llevó a una denuncia de la Fiscalía de Sevilla. Esto provocó una paralización de prácticamente toda su actividad durante casi un año, bloqueo criticado por la patronal y empresas auxiliares que demandaron una agilización de los trámites para que se reanudasen las tareas lo antes posible. Tras un auto que verificaba que no había riesgo para el acuífero y presentar un nuevo plan de seguridad, la mina ya puede terminarse.

Otra competidora

En el caso de Emed Tartessus, el Gabinete de Prensa de UGT Andalucía informaba el 11 de mayo de que "tras más de dos años de gestionar las instalaciones de Minas de Riotinto, con un coste mensual de 400.000 $, y de múltiples estudios para determinar las reservas y estado de las instalaciones, EMED MINING y sus accionistas de referencia (….) en EMED TARTESSUS, han decidido formalizar la presentación del proyecto de explotación de la mina, con la petición de los derechos mineros ante la Junta de Andalucía y la Dirección Provincial de Industria del Gobierno Central."

Dicho estudio, a la espera de consolidar las reservas definitivas tras la inversión de la nada desdeñable cifra de 7 millones de euros en sondeos, contempla entre otros aspectos:

• Un horizonte de explotación de 10 años. (a nuestro juicio un tanto conservador pues las reservas certificadas actualmente darían para 14 años de explotación y después de la campaña de sondeos programada podría ampliarse a entre 20 y 25 años).
• Una inversión por un importe total de 211 millones de euros.
• La contratación de entre 350 y 400 trabajadores directos
• Avales Sociales y Medioambientales que garanticen, en su momento, un final ordenado de la actividad, de 7 millones de euros y 17 millones respectivamente.
• La constitución de una póliza sobre las balsas mineras de entre 40 y 70 millones de euros.
• Medidas que faciliten la diversificación industrial de la zona y evitar la histórica dependencia del monocultivo de la minería.

La Junta de Andalucía rechazó dos proyectos presentados por la empresa con anterioridad. En esta empresa están en calidad de apoderados dos socialistas andaluces de renombre. Guillermo Gutiérrez Crespo, ex consejero de Empleo de uno de los gobiernos de Manuel Chaves y el hijo del otrora factótum del socialismo sevillano, Pepe Caballos, Gonzalo Caballos Cataño.

Un aval menor

Sin embargo, la Junta de Andalucía pidió a MATSA avales medioambientales y sociales por más de 17 millones de euros y así lo confesó el exconsejero de de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, en el Parlamento andaluz. Vallejo dijo que el proyecto de la empresa Aguas Teñidas SAU (Matsau) de creación de una nueva planta de tratamiento de minerales en Almonaster la Real (Huelva) contaba con avales medioambientales y sociales por un valor superior a los 17 millones de euros.

Vallejo explicó que este proyecto, al igual que otros similares, llevaba aparejado todas las garantías empresariales, sociales y medioambientales que requiere la legislación vigente. Así, la Administración andaluza ha requerido a la empresa avales relativos a los proyectos de la planta de tratamiento, del depósito de estériles y de la escombrera provisional, así como de los efectos sociales de un hipotético cese de la actividad por parte de la compañía.

En concreto, la empresa Aguas Teñidas presentó un aval superior al millón de euros de restauración de la planta de beneficio; otro de 4,6 millones de restauración de depósito de estériles; por importe de 114.000 euros para la restauración de la escombrera provisional; una póliza de responsabilidad civil de 6 millones de euros para cubrir potenciales daños que pudiese ocasionar el depósito de pasta y un aval social por otros 6 millones de euros.