Matas recurrirá el auto del juez Castro porque "no se ajusta a derecho"
En el auto se decretó entre otras medidas, la retirada del pasaporte del ex presidente balear para evitar su fuga, la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
En el mismo auto, Castro subraya que dada la gravedad de los hechos que se le imputan a Matas, "bien puede darse por satisfecho de que las acusaciones no hayan interesado una medida cautelar más severa", agregó.
También recurrirá la fianza. Después de que su abogado anunciara hace apenas dos días que el ex presidente balear sí pagaría su fianza para eludir su ingreso en prisión, ahora decide recurrir la misma por considerarla excesiva.
De momento, fuentes de los Juzgados de Guardia aseguran que el abogado de Matas, Rafael Perera, no ha registrado ningún tipo de recurso, pero el propio Matas tampoco ha hecho efectiva la fianza de 3 millones de euros, para lo cual tiene de plazo hasta el próximo miércoles a las 00.00 horas.
Así lo declaró Perera en declaraciones a la Cadena Ser. Tres millones son una cantidad excesiva a ojos de Matas, teniendo en cuenta que es la más alta que se ha fijado en la historia de Baleares para un responsable político.
También recurrirá el auto de más de 140 páginas emitido el pasado martes por el juez Castro, al estimar que "no se ajusta a derecho".
En el auto que pretende recurrir Matas, el juez decretó 72 días hábiles para poder constituir la caución, además de la retirada del pasaporte de Matas para evitar su fuga, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
El juez basa su petición de prisión y la prohibición de abandonar el territorio nacional, para evitar así la supuesta ocultación, alteración o destrucción de pruebas, por las sospechas de que en EE.UU y otros países pudiera "guardar" la mayoría del dinero obtenido ilícitamente.
En concreto, sobre el ex ministro pesan un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, uno de prevaricación administrativa, uno de fraude a la administración, siete de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último electoral, que llevarían aparejada una condena de más de 24 años de prisión aunque penados con un límite máximo de cumplimiento de 18 años de cárcel.
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