(Libertad Digital) Esas maniobras, a las que se refiere el programa de esta semana de Debates en Libertad, emitido este miércoles en el prime time nocturno de Libertad Digital Televisión, hacen referencia a la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 6/2007 (LOTC) mediante una enmienda impulsada por el Gobierno en el Congreso, por la cual se ha prorrogado, por la puerta de atrás, el mandato de la Presidencia de Maria Emilia Casas, que debería haber concluido en junio pasado.
La primera pregunta surgida en el debate televisivo moderado por Javier Somalo, redactor jefe de Libertad Digital, es si esta reforma de la Ley que regula la institución y con la que se retrasa la sucesión de la presidencia hubiese acaecido si no estuviera pendiente el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña presentado por el Partido Popular.
José Gabaldón, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional (1995-1998), apuntó la anomalía de la situación y atribuyó el enrarecimiento al proceso abierto sobre el texto catalán.
Gabaldón aseguró que en los ocho años en los que fue magistrado del Alto Tribunal, tres de ellos en calidad de vicepresidente, asistió a "dos renovaciones", y las dos se resolvieron "por votación interna".
"¿Cuál es el motivo por el que ahora se modifica un aspecto tan importante?", se preguntó el también antiguo Consejero Electivo del Consejo de Estado para responderse: "el Estatuto de Cataluña".
José Luis Manzanares, por su parte, ahondó en la inconstitucionalidad de la enmienda introducida en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en mayo 2007 a un mes de que concluyese el mandato de la presidenta. "Esa ley no es constitucional", remarcó.
No en vano, el nombramiento de la presidencia se sostiene en el artículo 160 de la Constitución y el artículo 9 de la reformada LOTC; pero no se modifica ninguno de estos puntos sino que se amplía el artículo 15. Con esta maniobra se habilita un segundo proceso por el que se regula la presidencia del alto tribunal.
La Constitución y el artículo 9 de la LOTC, 2/1979 por una parte, en la que se restringe el mandato a tres años y en el artículo 15 de la reformada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 6/2007 en el que se permite la prorroga del mandato de la presidencia hasta que se renueve el TC "y tomen posesión los nuevos Magistrados".
En el caso de la presidenta Maria Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez supone una ampliación de seis meses, hasta diciembre 2007.
La existencia de este segundo canal, al margen de la Ley de leyes ha despertado las suspicacias y recelos de muchos. Es más, la reforma no se hubiese realizado si los considerados de izquierdas en el alto tribunal no se hubiesen quedado en minoría con la recusación de Pérez Tremps en relación al Estatuto catalán por haber elaborado un informe en el proceso de redacción de el texto y haberse lucrado con éste.
Tanto es así que el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad de la reforma en julio 2007 y en septiembre se aceptó a trámite con las abstenciones de la presidenta y el vicepresidente por verse directamente implicados en el asunto. La neutralidad de Casas y Jiménez dejó un empate a cinco entre los supuestos conservadores y de izquierdas en el Tribunal, recayendo el voto de calidad en el magistrado Vicente Conde.
En esta tesitura y adelantándose a la oficialidad del recurso de inconstitucionalidad de la LOTC y la consecuente aceptación de las abstenciones de la presidenta y la vicepresidenta con las votaciones de este martes, el Consejo de Ministros del pasado jueves 11 de octubre aprobó facultar al Abogado General del Estado, Joaquín Fuentes Bardají, para presentar una recusación contra los magistrados Rafael García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata por haberse pronunciado previamente y mediante una misiva en contra de la reforma de la LOTC.
Lo que podría considerarse como la segunda maniobra del Gobierno de Rodríguez Zapatero para modificar el equilibrio y la imparcialidad del alto tribunal.
Pues de este modo, y siguiendo la tendencia de las votaciones realizadas hasta la fecha, la balanza quedaría en el lado de los magistrados que se suponen pro-gubernamentales.
Asimismo, en el caso de que la recusación del Abogado General del Estado a instancias del poder ejecutivo triunfe, el Tribunal Constitucional se encontraría en una situación delicada.
José Gabaldón aseguró, en este sentido, que el Constitucional se verá obligado a enfrentarse a un recurso de la importancia del Estatuto de Cataluña "con el mínimo posible de magistrados porque el quórum es de dos tercios".
Y continuó diciendo que si "se siguieran produciendo recusaciones el Tribunal Constitucional ni siquiera podrá entrar a debatir".
Respecto al Estatuto de Cataluña, Jaime Montalvo Correa, ex presidente del Consejo Económico y Social insistió en la importancia de no calificar a los magistrados en bloques ideológicos y “menos para descalificarlos” ya que en su opinión este tipo de debates dañan la imagen de la alta institución.
Montalvo, con todo, quiso dirigir un mensaje al Gobierno Tripartito integrado por el PSC, ERC y ICV para que acaten la decisión del Tribunal Constitucional. "Si se forma parte de un conjunto hay decisiones que tienen que ver con todos", espetó.