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Manos Limpias denuncia a Eguiguren, Moscoso y Gómez Benítez

El colectivo de funcionarios públicos ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional contra los tres negociadores de Zapatero con ETA.

La publicación de las actas de la banda terrorista sobre la negociación con el Gobierno de Zapatero empieza a producir sus primeros efectos judiciales.

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias ha presentado hoy miércoles una denuncia contra los tres enviados del Gobierno socialista para negociar con la banda terrorista ETA. Manos Limpias acusa a Jesús Eguiguren, Javier Moscoso y José Manuel Gómez Benítez de encubrimiento y, lo que es más grave, colaboración con banda armada.

Fuentes del colectivo demandante han señalado a Libertad Digital que no han ido "más arriba" en la demanda porque el aforamiento de los cargos políticos hubiera echado para abajo la demanda.

Para presentar la demanda, que se transformará en querella, Manos Limpias se basa en hechos objetivos. Por un lado, una prueba testifical, que es el reconocimiento por parte de Eguiguren, Moscoso y Gómez Benítez de haber participado en las negociaciones con la banda terrorista. Los tres declararon ante el juez Ruz entre el 30 de enero y el 22 de marzo de 2011. Por otro lado están las actas de ETA, un documento interno que no tiene nada que ver con un comunicado de la banda. En este sentido, en la demanda se desmonta la tesis de que no puede creerse lo que ETA escribe en un acta, porque precisamente un acta de Sortu en la que no se condena a la banda terrorista ha sido uno de los motivos para no permitir la legalización de la misma.

Por otra parte, en la demanda también se deslegitima la tesis de la fiscalía sobre qué se entiende por colaboración con banda armada, la acusación más importante incluida en la demanda. La tesis de la fiscalía es que para que exista colaboración con banda armada se tiene que asumir por parte de los que colaboran los postulados de la banda terrorista, algo que Manos Limpias desmonta en su demanda.

En definitiva, la demanda se basa en las actuaciones delictivas de los mediadores en la negociación del Gobierno de Zapatero con ETA.

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