L D (Agencias) El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, pidió tanto la comparecencia de Balza como la del director de la Ertzaintza, Jon Uriarte, para que expliquen la fuga de información hasta los terroristas de las matrículas de los coches camuflados de las Fuerzas de Seguridad. Una fuga de información de cuya procedencia no tienen dudas en la Confederación Española de Policía (CEP). Su secretario general, Ignacio López, apuntó también a la consejería de Javier Balza y a la Policía vasca.
En el auto en el que el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, dictaba libertad provisional para Aguirre se puede leer que éste, dentro de la actividad que mantenía en la red de colaboración con ETA, "y dada su situación personal, no puede desconocerse como informaba a Joseba Elosua de la titularidad oficial de distintos vehículos que le seguían".
Pero el auto de Marlaska no sólo imputa a Aguirre por pasar esta información a los terroristas. Le acusa, en concreto, de recibir de otros miembros de la red, concretamente de Joseba Elosúa, "tanto los listados de empresarios extorsionados como incluso las cartas de extorsión, negociando posteriormente, llegando incluso a entregar dinero con destino final a las arcas de la banda armada".
En su auto, el juez detalla que la red de extorsión de ETA está dirigida por miembros de la banda que cuentan con el auxilio de intermediarios, que hacían llegar a los empresarios las remesas de cartas exigiendo el pago de la extorsión y participaban posteriormente en mayor o menor medida en su gestión.
El juez incluye a Aguirre en un listado junto con otros once supuestos intermediarios de la red de extorsión, algunos de ellos detenidos en la operación policial (Elosúa, Juan Pedro Haracorene –jefe de Deportes de la Ser en Irún– , Ignacio Aristizábal, Emilio Castillo, José Ignacio Elosua, Carmelo Luquin y el fundador de ETA y actual miembro de Aralar Julen Madariaga) y otros no detenidos (Juan Carlos Iriarte, Jesús de la Fuente, Justo Azcúe y Pablo María Muñoz)
Le cita además como uno más de los participantes en la "pluralidad de reuniones" en las que se materializaba la entrega de remesas de cartas de extorsión, la mayor parte de ellas celebradas en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), propiedad de Elosua, y en las que, además de éste, participó el etarra José Luis Cau Aldanur. Todos los encuentros, según el juez, se relacionaban con conversaciones telefónicas previas caracterizadas "por un lenguaje críptico".
Filtración
Marlaska alude en su auto a la filtración de hechos relevantes para la investigación que se dio a conocer a Elosua el pasado 4 de mayo, lo que frustró la operación judicial que ya estaba proyectada. El "chivatazo" se investiga en una pieza separada de la investigación. No obstante, concreta en este auto que tanto Elosua como su hijo, que compareció ante el juez en calidad de testigo, reconocieron que los datos de los coches policiales sobre los que tenían sospechas se los facilitaba Gorka Aguirre, un extremo que el peneuvista negó durante su declaración en los Juzgados de Bilbao.
A este respecto, el magistrado afirma que no puede obviarse el conjunto de conversaciones telefónicas que Aguirre mantiene con Elosua, en la que se utiliza una terminología "críptica" para referirse al impuesto revolucionario que no puede confundirse con términos referentes al análisis de la actual situación política, tal y como señaló el dirigente del PNV durante su interrogatorio.
Añade que las conversaciones de Aguirre con Elosua son seguidas de otras entre éste último y otros miembros de la red, principalmente Ca Aldanur, en cuyo poder se encontró un recibo del pago a la banda de 54.000 euros por parte de los empresarios navarros Azpiroz y Saralegui, quienes fueron detenidos en relación con esta causa.
Extorsión a Intxausti
El auto del entonces titular del Jugado Central de Instrucción número 5, quien el pasado viernes fue relevado por Baltasar Garzón, se refiere concretamente a una conversación entre Elosua y Aguirre el 23 de junio de 2005 donde se habla de un atentado en la empresa de Construcciones Intxausti de Gernika, "deduciéndose como la gestión del impuesto en esa persona, y por ser militante del PNV, corresponde a Gorka".
Este dato, según Grande-Marlaska, se corresponde con documentación intervenida a ETA, donde se distingue a los objetivos de extorsión por su adscripción política. Otro indicio señala que el detenido Haracorene (jefe de Deportes de la Ser en Irún) habló a otro conocido suyo, Pablo Muñoz, de que una de las "vías" para intermediar en la extorsión del empresario navarro J. Marticorena podría ser la de Gorka Aguirre.
Llamada a Arzalluz en abril
El juez alude igualmente a una conversación mantenida entre Aguirre y Arzalluz el pasado 18 abril, donde éste le comenta la reclamación a un amigo suyo de una cantidad aplazada, "a lo que Gorka termina diciendo que se trata de un 'compromiso adquirido'".
El juez desecha las explicaciones sobre la posición política del PNV en relación con los casos de extorsión, manifestadas tanto por Aguirre como por Arzalluz -interrogado como testigo en este procedimiento-.
Finalmente, Grande-Marlaska subraya que desde el pasado 3 de mayo (víspera de la filtración), no existe comunicación de ningún tipo entre Elosúa y Aguirre, cuando los contactos habían sido crecientes en días anteriores "y supuestamente para pulsar el momento político de la tregua".
"Causa sorpresa que reconozca conocer a todas las personas imputadas en esta causa, aludiendo que sus contactos con todos ellos sólo obedecía a pulsar el momento político, y no obstante todos ellos han sido detenidos, aprehendiéndose en su poder los efectos ya consignados en la presente resolución, y además utilice el mismo léxico críptico que ellos", concluye el juez respecto del dirigente del PNV.