En un informe elaborado por orden de la propia Junta, se pone en duda la legalidad de la reordenación del sector público impulsada por el Gobierno que preside el socialista José Antonio Griñán, que mantiene en pie de guerra a los empleados públicos andaluces desde hace ya más de ocho meses. Asó lo ha contado El Mundo en su edición de hoy. Resulta sorprendente que hace sólo tres meses, el ominipresente director del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Francisco Muñoz del Río, recibió la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y un homenaje de tres presidentes de la Junta.
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y sus antecesores Manuel Chaves y José Rodríguez de la Borbolla, definieron al galardonado como un "apasionado" del Derecho y "un pilar fundamental en la construcción de la autonomía andaluza" desde que en octubre de 1982 empezó su labor profesional en la Junta.
Ahora, el documento, apela a la Constitución y su "preferencia por el régimen funcionarial" en las administraciones y recuerda que varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aplican un criterio "restrictivo", vetando el trasvase de competencias de la Administración a sus entes instrumentales y a empleados que no sean funcionarios. O sea, viene darles la razón a los que se oponen al Decretazo, que señalan la confusión entre Administración y Entes ocasionales que se puede producir desvirtuando la función pública y privatizándola de hecho en algunas áreas.
Una vez aprobada la Ley, se estaba en los Estatutos de las Agencias Públicas previstas. Por ello, la cada vez más autoinmolada Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda y Administración Pública, requirió a su Gabinete Jurídico el pasado 21 de febrero para que de forma "urgente" emitiera un informe sobre el "tratamiento que debe darse a las potestades públicas en los estatutos de las agencias afectadas por la reordenación del sector público" para poder cumplir los plazos de la nueva Ley.
La letrada jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Araceli Morato, emitió un informe de 14 páginas en el que cuestiona la legalidad de la reordenación impulsada por la Junta tras analizar cómo la legislación «reserva en exclusiva a los funcionarios públicos el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas».
Además, advierte a la Junta que las últimas resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en las que se anulan encomiendas de gestión de la Junta a sus empresas públicas, resultan «incluso más restrictivas en pro del reconocimiento de funciones que han de venir automáticamente y necesariamente realizadas por funcionarios».
En los fallos, de los que ya informó este diario, el TSJA, «justificándolo en el principio de eficacia administrativa, en el necesario control de un poder de persuasión o de decisión y en las consecuencias jurídicas de las actuaciones concretas, incluye dentro de la reserva funcionarial, actuaciones propias de controles de seguimiento o comprobación de cumplimiento, registro, el archivo y clasificación de documentos administrativos, tareas organizativas de los expedientes y de documentos, la tramitación de solicitudes con la fijación de su prelación y en su caso, su admisión, entre otros».
Ante a confusión creada entre funcionarios y laborales de agencia, la letrada propone distinguir entre actos de gestión y actos de poder público, reservados a los funcionarios de carrera, pero considera imposible descender a cuantificar cuantos de uno y otro tipo serían necesarios en cada nueva agencia.
El informe subraya la «imparcialidad del funcionario afecta a su inamovilidad en cuanto a su condición y entendida como una técnica que permite sustraer al funcionario de los vaivenes políticos, sujetándolo exclusivamente al imperio de la ley en el seguimiento de las instrucciones jerárquicas que les sean encomendadas por los responsables políticos, garantizándose así la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones». Por lo tanto, en el «núcleo duro de la función pública de carrera, deben ser integrados» puestos que desempeñen funciones públicas y precisen de «una adecuada protección del principio de imparcialidad», entre los que cita a los funcionarios que realizan tareas de «control de legalidad jurídica, financiera o contable».
La nueva Ley será recurrida por el Partido Popular y los decretos ley anteriores ya fueron recurridos en el Tribunal Constitucional por los populares y diversos sindicatos Igualmente, el TSJA acumula varios recursos sobre este asunto.