Los policías que grabaron el chivatazo desconocen el porqué de los cortes

Los ocho policías encargados de la cámara que grabó la puerta principal del bar Faisán (Irún) el día que se dio el chivatazo policial a la red de extorsión de ETA han declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que desconocen por qué la cinta contiene dos pasajes en negro.

Los agentes, todos ellos pertenecientes al equipo investigador dirigido por el inspector Carlos Germán, han afirmado además que los dos cortes que presentaba la cinta no se produjeron mientras se realizó la grabación el 4 de mayo de 2006.

"La cinta no fue tocada desde que se metió hasta que sacó" en la cámara han subrayado los peritos. Según estos miembros del Cuerpo Nacional de Policía durante la grabación nadie tocó el aparato grabador ni pulsó la tecla de stop, por lo que desconocen el origen de las interrupciones. En concreto, las imágenes que constan en el sumario como "cinta de vídeo/vigilancia número 122" contiene dos pasajes en negro de la mañana en la que tuvo lugar la delación policial. Uno de ellos, de tres minutos producido entre las 10:52 y las 10:55 de ese 4 de mayo y, el otro, de 16 segundos comprendido entre el espacio temporal de 11:11:12 horas y las 11:11:28 horas de esa misma mañana.

Sobre estos cortes, el informe pericial de la Guardia Civil -que el pasado día 23 de febrero fue ratificado por los agentes ante el instructor- sostiene que las cintas fueron manipuladas y que éstos no se produjeron de forma accidental. Sobre lo que no se pronunciaba el Instituto Armado es sobre si los negros fueron consecuencia de una acción negligente o resultado de una acción malintencionada. En cambio, el informe de la Policía sostiene que los cortes se pudieron producir por deterioro.

Las operadoras francesas sin investigar

Además, los policías que han despachado este miércoles han negado en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que la cinta pudiera haber sido rebobinada en algún momento de la grabación, lo que habría provocado los cortes. De esta forma, el foco de todas las miradas vuelve a recaer sobre el encargado de la custodia de las grabaciones, es decir, sobre Carlos Germán.

Por otro lado, también han comparecido ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 cuatro expertos de la compañía Telefónica Móviles que han ratificado un informe pericial en el que revelaban que el día del soplo actuaban en la zona del establecimiento de Joseba Elosúa -el cobrador de ETA- operadoras francesas que hasta ahora no han sido investigadas.

De igual modo, los peritos han trasladado al juez que la supuesta llamada del chivatazo, la que el inspector de Vitoria, Enrique Pamies, realizó al jefe superior de Policía del País Vasco, Víctor García Hidalgo, se inició y terminó a través de la red de Telefónica. De las pesquisas judiciales se desprende que fue el inspector José María Ballesteros quien entró el 4 de mayo en el bar Faisán para alertar a Elosúa de la operación judicial que España y Francia iban a ordenar contra la red de extorsión de la banda criminal.

Según fuentes personadas en la causa, el informe pericial sólo incluye el análisis de listados de llamadas realizadas a móviles de Telefónica, pero no se incluyen las comunicaciones efectuadas con tarjetas prepago, con teléfonos fijos o por satélite. De igual forma, excluye el análisis de los IMEI de los teléfonos (número de serie de un terminal, es decir, el DNI de los móviles), lo que permitiría identificar los aparatos que se utilizaron ese día.

Detrás del soplo, según el juez, podrían haberse cometido dos delitos: uno, de revelación de secretos por parte de un funcionario público y, otro de colaboración con banda armada. El primero de ellos está penado con hasta tres años de prisión, mientras que el segundo de ellos con un máximo de diez años de cárcel.

En la causa están imputados el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y un inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros. El investigador del soplo, Carlos Germán, no está imputado en este procedimiento.