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Los obispos andaluces analizan el Estatuto: Sin consenso, intervencionista y contra la unidad de España

Los responsables de todas las diócesis de Andalucía han mostrado su preocupación por las consecuencias que puede tener el Estatuto andaluz impulsado por Manuel Chaves y Zapatero. Sobre la definición de Andalucía como nacionalidad histórico, los obispos advirtieron de que "relativiza la unidad de España como nación". En su intervención en el Congreso, Mariano Rajoy recordó que "el verdadero drama" es acusar al PP de "anticatalán y antiandaluz". Zapatero habló de "cinturas" y "tablas de la ley".

(Libertad Digital) La Asamblea Ordinaria de los Obispos de las diez diócesis andaluzas ha analizado la reforma del Estatuto andaluz, debatida en el Congreso de los Diputados, y expresó su "preocupación" por las consecuencias que dicha reforma pudiera acarrear en las familias y ciudadanos de Andalucía "en los términos en que dicha reforma está planteada".
 
En un comunicado remitido a la agencia Europa Press, la asamblea regional de obispos señaló que la reforma estatutaria "trata de reformar la norma emanada de la Constitución de 1978, que ordena la convivencia de todos los andaluces dentro de la Nación Española". Precisamente porque se trata de la reforma de una norma "de indudable trascendencia para los ciudadanos" de Andalucía y su relación con los del resto de España, "hubiera sido necesario que esta reforma respondiera, tanto a un deseo colectivo de los andaluces, como a un amplio consenso de las fuerzas políticas para llevarla a cabo".
 
Falta de consenso. Igualmente, un texto de este alcance tendría que ser "muy sensible a los aspectos de solidaridad social entre los españoles que inevitablemente están implicados en él". "Hubiera sido muy conveniente, –recuerdan los obispos–, un debate más sosegado, sereno y plural que propiciara el nivel de consenso que se alcanzó durante la transición". Ante la "ausencia" de estas condiciones, "nuestra preocupación es comprensible", indicaron.
 
Intervencionista. "Junto a la falta de consenso y de debate social sobre la reforma", reza en el comunicado, el texto que ha sido aprobado por el Parlamento andaluz "adolece de graves deficiencias en su articulado". A los obispos les preocupa de forma particular "su carácter fuertemente intervencionista, que no respeta el principio de subsidiariedad", propio de una sociedad participativa. En ese sentido, los obispos recordaron que este principio fundamental en la Doctrina social de la Iglesia, recordado por Benedicto XVI en el Angelus del 30 de abril de 2005, es necesario para que la Administración del Estado "no ahogue las iniciativas de alcance público de los cuerpos intermedios de la sociedad civil".
 
Atentados contra la vida humana. Cuando no se respeta este principio fundamental, la sociedad "se vea abocada al totalitarismo estatalista de las Administraciones públicas", advirtieron los obispos andaluces. Para ellos, el texto aprobado "puede servir para dar protección jurídica a atentados muy graves contra la vida humana desde su concepción a su acabamiento natural". "Tampoco protege de modo adecuado a la familia, y desvirtúa la realidad natural y genuina del matrimonio, al equiparar con él otro tipo de uniones", según las consideraciones de la asamblea de obispos celebrada hoy en Córdoba. Además, la asamblea vio con preocupación que en el nuevo Estatuto "no respete adecuadamente la libertad de la Iglesia para gestionar ese patrimonio, de específica finalidad religiosa y social, que, aun con limitaciones, la Iglesia ha conservado y transmitido durante generaciones".
 
Unidad de España.Para los obispos, la redacción del Preámbulo del Estatuto reformado "suscita honda preocupación. La definición de Andalucía como realidad nacional relativiza un bien moral indudable como es la unidad históricamente lograda de España como nación durante siglos. Esta unidad, reconocida por la Constitución de 1978, ha entrelazado en forma tal los bienes materiales y espirituales de todos los españoles y su recíproca dependencia, que su debilitamiento o quiebra pudiera conducir a un daño de consecuencias imprevisibles irresponsablemente infligido al bien común, al cual debe supeditarse cualquier ordenamiento jurídico".

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