Nueva prueba del caos judicial: no se ponen de acuerdo ni para la huelga

LD (Ángela Martialay) No hay acuerdo entre la judicatura sobre la huelga. Los jueces de Madrid convocaron este miércoles una jornada de huelga para el próximo 18 de febrero para denunciar la situación de colapso que afronta la Justicia madrileña. La votación salió 103 votos a favor, 18 en contra y 3 en blanco.

De este modo, los jueces de la capital española se distancian de la propuesta de las asociaciones judiciales que optaban por paros. No obstante, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, subrayó que la jornada está a expensas del resultado de la reunión que se celebrará el próximo lunes entre las asociaciones judiciales y el Ministerio de Justicia para analizar las reivindicaciones.

Asimismo, los jueces de Ibiza, Canarias, Murcia, Extremadura, Ciudad Real, Lugo, Granada, Castilla La Mancha, Béjar, Gerona, Zamora, y Castellón han anunciado también que pararán en febrero.

En esta línea, los jueces de Murcia han acordado convocar una asamblea el día 28 de enero para someter a votación la convocatoria formal de una jornada de huelga para el día 18 de febrero, a resultas de la reunión prevista para el día 26 de enero entre Ministerio y las asociaciones judiciales.

En Barcelona, La Rioja y Palma de Mallorca, en junio

Por su parte, la junta de magistrados de la Audiencia de Barcelona decidió esta mañana no secundar la huelga del 18 de febrero y posponer el paro hasta el 26 de junio para reivindicar más recursos materiales, humanos y económicos, siempre que se logre avanzar en las negociaciones, según informó el portavoz de la junta, el magistrado Miguel Ángel Gimeno.

Sólo 25 de los 78 magistrados de la Audiencia Provincial asistieron a la reunión y aprobaron –por 20 votos a favor, cuatro abstenciones y un voto en contra– apoyar a las cuatro asociaciones de magistrados que apuestan por posponer el paro hasta junio para así ganar más tiempo "en unas negociaciones de esta importancia", explicó Gimeno.

El portavoz indicó que, de todas formas, estarán pendientes de lo que decida la Coordinadora Interasociativa Permanente (CIP), formada por las cuatro asociaciones judiciales, la encargada de plantear las estrategias de las reivindicaciones de jueces y magistrados. En el caso de que la CIP decida no ir a la huelga el 18 de febrero, el organismo ya ha anunciado que celebrarán un acto reivindicativo ante las puertas de los distintos órganos judiciales, donde los medios de comunicación y los ciudadanos podrán entrar para comprobar las condiciones en las que trabajan.

Por su parte, los magistrados de Palma de Mallorca y La Rioja han acordado sumarse al documento elaborado por las cuatro asociaciones y apoyar la protesta del 18 de febrero, así como la huelga del 26 de junio en caso de que se lleve a cabo finalmente.

Varias juntas se inclinan por apoyar las reivindicaciones de la CIP

Según ha podido saber Libertad Digital, las juntas de jueces celebradas en Vigo, Asturias, Huesca, Andalucía, País Vasco, Albacete, Segovia, Palencia, Navarra, Salamanca, Guadalajara, La Rioja, Lérida, Soria, Alicante y Valencia han finalizado con la adopción de un mismo acuerdo: ratificar el acuerdo de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP), en la que están representadas las cuatro asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional de la Magistratura).

Dichas reivindicaciones, que se hicieron públicas el pasado día 12 de enero, reclaman “la instauración de la nueva oficina judicial, la revisión en profundidad de la actual planta judicial, la plena incorporación de las nuevas tecnologías y que el CGPJ establezca a carga máxima de trabajo que puede asumir cada órgano judicial”, entre otros. Asimismo, los representantes judiciales “exigen el respeto al principio de división de poderes y a la independencia del Poder Judicial”. 

Además, según ha informado el Consejo "todos las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia se han adscrito al comunicado emitido por la CIP, excepto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha y la Audiencia Provincial de Albacete".

De esta forma, los jueces decanos esperarán a la reunión que tendrá lugar el próximo lunes entre el Ministerio y los portavoces de sus asociaciones para ver cómo avanzan las negociaciones y si sus representantes anuncian a posteri nuevas medidas.