L D (Agencias) El apoyo solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha vuelto a dejar patente la división existente en el órgano gobierno de los jueces. La Comisión Permanente del Consejo acordó este martes denegar esta solicitud en aras a la libertad de expresión en contra el criterio de dos de los vocales de la mayoría conservadora, que instaron al Gobierno vasco a que cesen los ataques.
El vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas Molina, y las vocales Ángeles García y Montserrat Comas, todos ellos designados a propuesta del PSOE, acordaron emitir un comunicado en el que se refieren al derecho a la crítica de las resoluciones judiciales como "una manifestación más del derecho a la libertad de expresión reconocida en la Constitución". Curiosamente estos mismos jueces votaron a favor de dar amparo al juez Baltasar Garzón por las críticas recibidas por su actuación en el caso del ácido bórico, para el que ni siquiera era competente.
Entonces, los jueces del PSOE consideraron que las críticas desde medios de comunicación como Libertad Digital, El Mundo o la COPE eran un "ataque a la independencia judicial". Ahora, los ataques y manifestaciones en las calles –incluidas agresiones físicas- por parte del Ejecutivo vasco son "libertad de expresión". Según el criterio de los vocales progresistas, dicha libertad "no puede ser entendida como capaz de inquietar la independencia judicial, sin perjuicio del respeto institucional que debe existir en todas las relaciones entre los distintos Poderes del Estado". Al parecer para los jueces socialistas inquieta más a la independencia judicial las críticas emitidas desde los medios que las emitidas por un Gobierno autonómico.
Esta declaración ha merecido el voto en contra de los vocales Juan Pablo González González y Carlos Ríos, ambos designados a propuesta del PP, quienes emitieron un voto particular al respecto. Ambos asumen que las declaraciones realizadas por la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkárate, al calificar como "desvergüenza" algunas decisiones del juez instructor de la causa penal que se sigue contra el lehendakari, y advirtiendo de que la investigación está basada en "motivaciones ideológicas" y que "no le saldrá gratis", pueden causar preocupación y malestar en el TSJPV.