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Los historiales clínicos se cedieron a una empresa privada y los hospitales no garantizan que se guardara el anonimato

La Generalidad ha admitido la utilización de historias clínicas para estudiar el uso del catalán. Dice que ninguna persona tuvo acceso a datos confidenciales. Sin embargo, El Mundo informa de que fue una empresa privada la que se encargó de controlar el uso del catalán a través de esos historiales y responsables de los hospitales reconocen que se cedieron las historias sin consentimiento de los pacientes, aunque con un "compromiso de confidencialidad", con lo que se reconoce que no se guardó el anonimato de los enfermos. La prensa de Barcelona guarda silencio sobre esta información.

(Libertad Digital) El conjunto de documentos surgidos de la relación entre el médico y el paciente es confidencial y el acceso a ella sin autorización está tipificado como un delito. El PP ha solicitado explicaciones públicas a la ministra de Sanidad mientras CiU ha pedido que se depuren responsabilidades. Los periódicos catalanes hacen caso omiso de estas informaciones tan relevantes, que no aparecen recogidas en sus páginas de este miércoles.
 
Este martes conocíamos como la política de normalización lingüística que el gobierno autonómico de Cataluña lleva imponiendo desde la transición ha dado una nueva vuelta de tuerca en los últimos tiempos a través de la puesta en marcha un programa piloto para certificar que el personal sanitario de los hospitales hable catalán entre sí y con los pacientes así como que la documentación emitida sea en catalán. Para ello, los técnicos han utilizado, entre otros, documentos confidenciales como los historiales clínicos de los pacientes.
 
Este miércoles el escándalo se confirma y va un paso más allá. El Mundo desvela que fue una empresa privada (Centro Informático de Estadísticas y Sondeos, SA, que según este diario tiene una orden de embargo) la encargada de velar y estudiar el uso del catalán en los hospitales a través del estudio de los historiales clínicos privados de los pacientes, entre otros documentos. Resulta que los hospitales afectados confirmaron el estudio y la cesión de los historiales clínicos aunque aseguraron haber puesto su propia garantía de confidencialidad.
 
Sin embargo, tal y como explica la información, los responsables de los hospitales no dijeron si borraron los nombres de los pacientes de los historiales cedidos a la empresa privada ni confirmaron que se hubiera guardado el anonimato de las historias clínicas traspasadas a la empresa privada barcelonesa contratada por la Generalidad. Hasta tal punto llegan las explicaciones de los responsables que se justifican aduciendo que los técnicos encargados del estudio firmaron un "compromiso de confidencialidad". Este compromiso revela de forma implícita que los nombres de los pacientes no fueron borrados y que se violó la confidencialidad de las historias clínicas de los pacientes, puesto que si se hubieran borrado los nombres de los pacientes no sería necesario ese supuesto contrato confidencial.

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